VOX Melilla ha mantenido una reunión con representantes del sector de la Seguridad Privada en la Ciudad Autónoma, en la que se ha puesto de manifiesto una situación límite, insostenible y profundamente injusta que afecta a cientos de trabajadores que desempeñan funciones esenciales en hospitales, centros de menores, infraestructuras críticas, eventos públicos y edificios oficiales.
El secretario de VOX Melilla y coordinador del Grupo Parlamentario, Javier Diego, ha denunciado que los vigilantes de seguridad privada han sufrido una pérdida de más del 35% de su poder adquisitivo real en los últimos seis años, muy por encima de la media nacional, como consecuencia de convenios insuficientes, jornadas abusivas y una absoluta falta de control por parte de las administraciones.
“Estamos hablando de profesionales que trabajan de noche, en festivos, solos, durante turnos de hasta 12 horas, por salarios indignos y con pluses de peligrosidad ridículos, mientras se les exige actuar como primeros intervinientes en situaciones críticas”, ha señalado Javier Diego.
“No puede ser que servicios críticos se cubran con personal sin formación, mientras los vigilantes titulados son explotados, rotados sin descanso y amenazados con el paro si no aceptan condiciones ilegales”, ha afirmado Javier Diego.
Durante el encuentro se denunció que solo el 15% de los vigilantes a nivel nacional ha superado los exámenes de la Policía Nacional, permitiéndose que academias privadas expidan habilitaciones profesionales previo pago, sin los filtros físicos ni formativos exigibles. Una práctica que, según VOX, pone en riesgo la seguridad de trabajadores y ciudadanos.
Además, VOX Melilla alerta del uso fraudulento de figuras inexistentes como los “auxiliares de servicio” para sustituir vigilantes cualificados en contratos públicos, abaratando costes a costa de la seguridad real en hospitales, centros de menores o eventos multitudinarios.
La formación también fue uno de los puntos clave: los vigilantes denunciaron la falta de medios básicos, como desfibriladores en edificios públicos, la imposibilidad de defenderse legalmente ante agresiones, y la inseguridad jurídica constante en el ejercicio de sus funciones.
VOX Melilla considera que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada está obsoleta, mal aplicada y llena de lagunas, y exige: Una reforma integral de la ley y sus reglamentos.
Controles reales por la Policía Nacional. Inspecciones efectivas a empresas adjudicatarias de contratos públicos. El reconocimiento de la peligrosidad real del sector, con salarios y descansos dignos. La eliminación del fraude en cotizaciones, subrogaciones y bonificaciones públicas.
“La seguridad no puede gestionarse como un negocio low cost. O se protege al profesional y se cumple la ley, o se está jugando con la seguridad de todos”, ha concluido Javier Diego.
VOX Melilla anuncia que llevará esta problemática a las instituciones para exigir responsabilidades políticas y administrativas y defender a un sector olvidado, explotado y absolutamente esencial para el funcionamiento de la ciudad.
