VOX ha denunciado esta semana en el juzgado de Estella a la Asociación Sarre Euskal Udalekuak Elkartea, organizadora de los campamentos de Bernedo, Abáigar y Goñi, por presuntos delitos contra la libertad sexual, corrupción de menores y exhibicionismo y provocación sexual, tras las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre las denuncias y los hechos ocurridos durante los campamentos en los últimos años.
Aunque hasta ahora los procesos judiciales públicos se han centrado más en los campamentos de Bernedo, estas denuncias apuntan directamente también al campamento de Abaigar y Goñi, con hechos que podrían tener vinculación y conexión con los del otro enclave. “Por lo tanto –han señalado desde VOX-, existe una base razonable para investigar de modo específico y separado los hechos denunciados en Abáigar, dada su gravedad y la potencial afectación a menores”. “En su caso, los hechos podrían haberse perpetuado de forma continuada o reiterada durante diferentes ediciones del campamento, lo que agrava la responsabilidad”, han explicado en la denuncia. Y han alegado que la Sección de Instrucción de Estella-Lizarra tiene competencia para la instrucción del delito.
En concreto, una de esas denuncias presentadas ante la Ertzaintza hace referencia a hechos presuntamente ocurridos en los años 2021 y 2022 en el campamento de Abaigar, Navarra, hechos que tampoco han sido negados por los propios organizadores de la entidad denunciada, al destacar, por ejemplo, en lo referente a las duchas, que “más allá de ser un lugar solo para la higiene, son una oportunidad para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberarse de la vergüenza y la sexualización”, indicaron desde la asociación. “Con los espacios mixtos, nuestro cometido es garantizar lugares seguros para todos los niños y adolescentes, sin la necesidad de una identificación de género previa”, añadieron.
Para José María García Elorz, presidente de VOX Navarra, “VOX cumple y demostramos que somos coherentes con lo que decimos puesto que dijimos que íbamos a ir a los tribunales y lo hemos hecho”. “Y mandamos un aviso a navegantes: esto no acaba aquí, llegaremos hasta los responsables últimos que han permitido esta barbarie, desde el Gobierno de Navarra hasta la Mancomunidad de la Sacana, pasando por el Instituto Navarro del Euskera”, ha advertido.
Responsabilidades políticas
La formación de Abascal, además de esta denuncia en la que se presenta como acusación popular, exigió la semana pasada responsabilidades políticas y dimisiones tanto de la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, como la del presidente de la Mancomunidad de la Sacana, Aitor Larraza, de Bildu, por la financiación de los campamentos con dinero proveniente de subvenciones a través del Instituto Navarro del Euskera.
El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha solicitado también las comparecencias de la consejera, de los dos últimos presidentes de la Mancomunidad de la Sacana y de los dos últimos directores gerentes del Instituto Navarro del Euskera para que den explicaciones sobre el destino de fondos públicos a estas actividades.
Documentación sobre los campamentos
VOX registró también hace dos semanas dos peticiones de información sobre los títulos oficiales de los monitores de los campamentos. En la primera pidió a al Gobierno una “copia de todos los títulos de monitor y director de ocio y tiempo libre expedidos por el Gobierno de Navarra, a través de la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) y su Instituto Navarro de la Juventud, o de entidades, organismos y asociaciones acreditadas por el Gobierno de Navarra para expedirlos, de los monitores, responsables y directores que hayan trabajado en los campamentos organizados por la entidad Euskal Udalekuak, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 9 de octubre de 2025, en Bernedo, Goñi y Abaigar”. Y, en la segunda, una “copia de todos los títulos de euskera expedidos por el Gobierno de Navarra de dichos monitores, responsables y directores”.
Además, registró dos preguntas. Una dirigida al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, dirigida a la consejera Begoña Alfaro, sobre si se cumplió la normativa que regula las Actividades de Jóvenes al Aire libre del Gobierno de Navarra en los campamentos organizados por esta entidad en Navarra durante los últimos cinco años. Y, la otra, dirigida al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, para saber si las autoridades navarras o la Policía Foral tenían conocimiento, a través del Gobierno Vasco o la Ertzaintza, de las denuncias interpuestas por los hechos sucedidos en los campamentos antes de que los hechos se hicieran públicos en los medios de comunicación.
El grupo parlamentario está a la espera de recibir toda la información por parte del Gobierno.
