El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), tras los graves escándalos judiciales y parlamentarios que sacuden actualmente a la institución y que evidencian, a juicio de VOX, el colapso de un sistema que ha dejado de proteger a los menores más vulnerables.
A lo largo del año 2025, VOX lideró una ofensiva institucional para defender a los menores barceloneses y a sus familias, encontrándose con el bloqueo sistemático del gobierno municipal del PSC y con los ataques del bloque de izquierdas e independentista. “Mientras VOX advertía de los riesgos y exigía controles, el resto de partidos miraban hacia otro lado por puro sectarismo ideológico”, ha señalado el concejal de VOX, Liberto Senderos.
Iniciativas bloqueadas por el PSC y el separatismo
En enero de 2025, VOX solicitó la creación de un censo de menores cuyos progenitores estuvieran empadronados en Barcelona, con el objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo de su situación dentro de los centros gestionados por la DGAIA. Esta iniciativa buscaba garantizar que los menores no fueran expuestos a agresiones ni convivieran con perfiles conflictivos. Asimismo, VOX exigió a la Generalitat el fin de la mezcla indiscriminada de niños plenamente integrados con menores extranjeros llegados ilegalmente, cuyas realidades sociales, culturales y personales son radicalmente distintas.
Posteriormente, en noviembre de 2025, el Grupo Municipal de VOX presentó un ruego para que el Ayuntamiento atendiera de forma prioritaria a mujeres barcelonesas a las que se les hubiera retirado la patria potestad por motivos ajenos al maltrato. La propuesta incluía facilitar el acceso preferente a vivienda social, apoyo psicológico y empleo con el fin de favorecer la reagrupación familiar. Ambas iniciativas fueron rechazadas por el equipo de gobierno del PSC, en un clima de ataques políticos por parte de la izquierda y el separatismo.
“El PSC prefirió proteger su relato ideológico antes que escuchar propuestas sensatas para defender a los menores y ayudar a las familias. Hoy, los hechos demuestran que VOX tenía razón”, ha denunciado Liberto Senderos.
Escándalo financiero y abusos sexuales
La gravedad de la situación quedó confirmada en mayo de 2025, cuando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió diligencias tras un informe de la Sindicatura de Cuentas que detectó pagos indebidos por más de 167 millones de euros en prestaciones y subvenciones vinculadas al sistema de protección de menores.
A este presunto desfalco millonario se suma la denuncia por abusos sexuales a una menor de tan solo 12 años tutelada por la DGAIA, un caso que ha generado una profunda alarma social. Estos hechos han derivado en investigaciones judiciales en curso y en la creación de una comisión de investigación en el Parlament de Cataluña para depurar responsabilidades políticas, por lo que VOX califica como una “gestión negligente y criminal” del sistema de tutela.
“Estamos ante un sistema opaco, sin controles eficaces y que ha fallado estrepitosamente en su función más básica: proteger a los menores”, ha denunciado Liberto Senderos, quien ha añadido que “la izquierda ha convertido la DGAIA en un pozo sin fondo de dinero público y en un entorno inseguro para los niños”.
Desde el Grupo Municipal de VOX han reiterado su compromiso de seguir trabajando para que el Ayuntamiento de Barcelona deje de dar la espalda a las familias barcelonesas y exija una auditoría integral, transparencia total y responsabilidades políticas. “No vamos a permitir que se silencien estos escándalos ni que se siga jugando con la vida de los menores”, ha concluido Senderos.
