El diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis María Beamonte ha cuestionado en el Pleno del Congreso la gestión de las ayudas destinadas a La Palma cinco años después de la erupción volcánica de 2021 y ha puesto el foco en la situación habitacional que todavía afrontan algunos afectados.
Beamonte ha criticado especialmente el mecanismo establecido por el Real Decreto-ley 23/2026 para movilizar otros 100 millones de euros destinados a personas y entidades perjudicadas por la erupción.
La norma permite excepcionalmente que Canarias destine esa cantidad procedente de sus superávits y excesos de financiación registrados al cierre de 2025.
Beamonte cuestiona de dónde salen los 100 millones
El diputado ha reprochado al Ejecutivo que esos recursos procedan de las cuentas de la propia comunidad autónoma en lugar de materializarse, según sostiene el PP, mediante una aportación estatal comprometida anteriormente.
El Real Decreto-ley contempla que esos 100 millones puedan dirigirse preferentemente a compensaciones agrarias, reconstrucción de infraestructuras destruidas, recuperación de fincas y actuaciones relacionadas con la evacuación de CO₂.
Beamonte ha relacionado esta decisión con la situación que todavía atraviesan familias de La Palma cinco años después de la erupción y ha censurado la lentitud del proceso de recuperación.
El 12,4% entra en el debate
El diputado también ha cuestionado el umbral establecido en el decreto para las comunidades autónomas.
La norma permite a aquellas con una deuda pública inferior al 12,4% de su PIB regional al cierre de 2025 utilizar determinados superávits y excesos de financiación para inversiones entre 2026 y 2028.
Beamonte ha calificado ese límite de “arbitrario” y ha acusado políticamente al Gobierno de utilizarlo para favorecer a sus socios y perjudicar a comunidades gobernadas por el PP.
Financiación autonómica
La intervención ha ampliado el debate a la reforma de la financiación autonómica.
Beamonte ha reclamado que cualquier modificación del modelo se negocie de manera multilateral y ha rechazado acuerdos bilaterales sobre condonaciones de deuda.
También ha cuestionado al ministro Ángel Víctor Torres sobre el papel de las negociaciones políticas con ERC y Oriol Junqueras en las decisiones relacionadas con la financiación territorial.
El diputado ha defendido que los recursos de las comunidades autónomas deben abordarse mediante criterios comunes y transparentes para el conjunto de los territorios.
Cinco años después del volcán
La intervención coincide con el quinto aniversario de la erupción iniciada en septiembre de 2021.
La reconstrucción continúa abierta en ámbitos como vivienda, agricultura e infraestructuras, mientras las administraciones mantienen diferentes programas de ayudas para los afectados.
Beamonte ha utilizado la situación de La Palma como uno de sus argumentos para exigir al Gobierno una gestión más eficaz de los compromisos económicos pendientes y una revisión de su política de financiación territorial.
