La viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, Marimar Blanco, ha advertido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez supone “un coladero para delincuentes” y evidencia el “fracaso en el control de fronteras y en la gestión de la inmigración”.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Blanco ha señalado que esta medida constituye un “disparate legal y político” al permitir la regularización “sin exigir antecedentes policiales ni garantías suficientes”.
El PP denuncia riesgos para la seguridad y los servicios públicos
La dirigente popular ha advertido de que esta política tiene “consecuencias directas sobre la seguridad y los servicios públicos”, al considerar que se está actuando “sin control y de espaldas al Parlamento”.
El Partido Popular defiende la necesidad de establecer mecanismos rigurosos que garanticen la seguridad y el cumplimiento de la legalidad en materia migratoria.
Críticas a la gestión del Ministerio del Interior
Marimar Blanco ha reprochado al ministro del Interior su falta de transparencia y de respuestas en sede parlamentaria, asegurando que su gestión ha deteriorado la seguridad y la confianza institucional.
Asimismo, ha denunciado que el Gobierno ignora las advertencias de organismos europeos, de las fuerzas de seguridad y de informes oficiales sobre los riesgos asociados a los flujos migratorios irregulares.
El PP defiende una política migratoria basada en el control y la legalidad
La viceportavoz popular ha puesto en valor la postura del Partido Popular en materia de inmigración, basada en:
- El control efectivo de fronteras
- La exigencia de antecedentes y garantías legales
- La defensa de la seguridad ciudadana
El Partido Popular subraya que “exigir controles y defender la ley no es racismo, sino responsabilidad”, y defiende un modelo que garantice la integración de quienes cumplen las normas.
El PP exige responsabilidades políticas
Blanco ha reclamado la dimisión de Marlaska, al considerar que su gestión le convierte en “el ministro más reprobado y cuestionado de la democracia” y en símbolo de un Gobierno que, a juicio del Partido Popular, ha renunciado a la responsabilidad institucional.
