VOX ha condenado con rotundidad el asesinato producido en el número 15 de la calle Santa Ana de L’Hospitalet de Llobregat, ocurrido en el interior de una casa okupada, y ha señalado directamente la inacción del gobierno municipal del PSC como responsable político de una situación que había sido advertida desde hace tiempo.
La formación recuerda que esa vivienda okupada ya fue denunciada por VOX como un foco grave de conflictividad, inseguridad y problemas de convivencia, sin que el Ayuntamiento haya adoptado ninguna medida eficaz para poner fin a la okupación ni para proteger a los vecinos de la zona. VOX llevó en el pleno de septiembre de 2025 este tema, y el gobierno decidió, como siempre, mirar hacia otro lado. El 8 de enero, ya se produjo otro intento de asesinato, en el mismo lugar.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, Francisco González, ha afirmado que “este asesinato es la consecuencia directa de años de dejadez y pasividad del gobierno municipal del PSC, que ha permitido que las okupaciones ilegales se conviertan en auténticos polvorines de violencia. Concretamente, el de la calle Santa Ana se ha convertido en un foco de delincuencia y tráfico de droga”.
González ha subrayado que “se avisó claramente de que esta casa okupada era conflictiva y peligrosa. El PSC decidió no actuar, mirar hacia otro lado y hoy lamentamos un asesinato que se podría haber evitado”.
Desde VOX denuncian que el gobierno socialista ha abandonado a los vecinos, priorizando una política de permisividad con la okupación ilegal que genera inseguridad, deterioro de los barrios y, en casos extremos como este, consecuencias fatales.
“Mientras el PSC protege al okupa, los vecinos viven con miedo. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo la gran olvidada de este Ayuntamiento”, ha señalado el portavoz, exigiendo actuaciones inmediatas contra la okupación ilegal, más presencia policial y el restablecimiento del principio de autoridad.
VOX ha reiterado su compromiso de seguir denunciando estas situaciones y de defender el derecho de los vecinos de L’Hospitalet a vivir con seguridad, frente a un gobierno municipal que, a juicio del partido, “ha fallado en su obligación más básica: proteger a sus ciudadanos”.
