El grupo parlamentario VOX en Canarias ha presentado ante la Cámara una Proposición No de Ley que no ha salido adelante (por la negativa de toda la Cámara y la abstención del Partido Popular) para que los españoles puedan conocer con precisión el coste económico de la inmigración ilegal en nuestro país. La iniciativa busca promover la transparencia y la rendición de cuentas respecto a uno de los problemas más graves que enfrenta España, especialmente en Canarias, principal puerta de entrada a Europa.
La inmigración ilegal en 2024 ha alcanzado cifras récord, con 63.970 llegadas a costas españolas, un 12,5 % más que en el año anterior. Canarias, en particular, ha sido la ruta más utilizada, concentrando el 76 % de todas las entradas por mar, con 46.843 inmigrantes ilegales. Desde 2018, con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, se han registrado más de 330.000 entradas irregulares, y actualmente se estima que cerca de 900.000 inmigrantes ilegales residen en España.
El impacto económico de esta situación es alarmante. Solo en 2023, el Estado destinó aproximadamente 1.800 millones de euros para afrontar los costes asociados a la inmigración ilegal, incluyendo atención sanitaria, jurídica, social, programas de asilo y apoyo a ONG, sumando desde 2018 un gasto acumulado que supera los 12.600 millones de euros. Además, la atención a Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) supone un coste de más de 650 millones de euros anuales, con casi 13.000 tutelados en toda España y un incremento del 15,2 % en Canarias en 2024.
El portavoz del grupo parlamentario ha defendido esta PNL, Nicasio Galván. El diputado ha expuesto el daño para la economía nacional que ha provocado la gestión de este fenómeno, así como las regularizaciones masivas. Además, ha contrapuesto la situación de la extrema pobreza en Canarias como contrapunto, “solo en la isla de Tenerife por el informe de Cáritas hablamos de 2.838 personas durmiendo en la calle”.
De forma cohesionada, el resto de grupos han rechazado esta propuesta bajo argumentos comunes y con la respuesta de que Canarias “es solidaria”. Galván ha recordado que este consenso político no se corresponde con las encuestas sociales en las que se evidencia que los españoles están preocupados por la inmigración ilegal y que “conocer el coste económico de esta gestión es un derecho que hoy por hoy no se cumple”.
