La portavoz nacional de VOX de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha alertado este jueves del aumento de la inseguridad en España y su progresiva extensión a regiones como Asturias, señalando directamente a las políticas de inmigración ilegal y descontrolada como uno de los principales factores.
En declaraciones a medios en Oviedo, Moñino ha advertido de que España “ya no es el país seguro que era hace años”, y ha asegurado que esta degradación “no es una percepción, sino una realidad que están viviendo millones de españoles en sus barrios”.
“Las políticas de fronteras abiertas que impulsan Partido Socialista y Partido Popular están generando inseguridad en nuestras calles. Es algo que ya se vive en Madrid o Cataluña y que empieza a trasladarse también a lugares que hasta ahora eran tranquilos, como Asturias”, ha afirmado.
En este sentido, ha recordado que el Principado experimentó un incremento de la criminalidad por encima de la media nacional en 2025, con datos especialmente preocupantes. “Han aumentado los delitos contra la libertad sexual en un 18%, los homicidios y los robos con violencia en un 29% y los los robos con violencia en un 40%”, ha recordado.
Asimismo, ha insistido en que esta situación “no es ajena a la realidad nacional”, donde las agresiones sexuales han aumentado un 275% desde que Pedro Sánchez es presidente.
“Esto no se puede tapar con propaganda. Los datos están ahí y los ciudadanos lo están sufriendo en su día a día”, ha añadido.
La dirigente de VOX ha subrayado además la relación entre inmigración ilegal y delincuencia, denunciando que “los partidos que gobiernan se niegan a informar del origen de los delincuentes”.
“En Madrid, el 50% de los presos son extranjeros, cuando representan aproximadamente el 20% de la población. Estos datos existen, aunque algunos quieran ocultarlos”, ha afirmado.
Servicios públicos al límite
Moñino ha denunciado también la saturación de los servicios públicos, especialmente en sanidad. “No podemos convertir la sanidad pública en el hospital del mundo mientras los españoles esperan durante meses para ser atendidos”, ha advertido.
Según ha explicado, en 2025 se atendió a cerca de 14.000 personas sin tarjeta sanitaria ni cotización previa. “Esto supone que personas que no han contribuido al sistema estén pasando por delante de quienes sí lo sostienen con sus impuestos”, ha criticado.
A su juicio, esta situación “está tensionando al límite los recursos públicos y perjudicando directamente a los españoles”.
“Estamos viendo cómo la inmigración ilegal vacía nuestras arcas públicas y llena nuestras cárceles. Y eso no lo puede seguir pagando el ciudadano”, ha añadido.
Propuesta de VOX: control y deportaciones
Frente a este escenario, la portavoz de VOX ha defendido la necesidad de un cambio radical en las políticas migratorias.
“Cuando VOX tenga una mayoría suficiente, pondremos en marcha deportaciones de inmigrantes ilegales y de delincuentes, que deberán cumplir sus penas en sus países de origen”, ha afirmado.
Asimismo, ha advertido del “efecto llamada” que generan las políticas actuales, como la regularización masiva impulsada por el Gobierno.
“Igual que cualquier persona decide quién entra en su casa, España tiene derecho a decidir quién entra en su territorio. Es una cuestión de sentido común”, ha subrayado.
Moñino ha insistido en que Asturias “todavía no vive la situación de otras regiones”, pero ha alertado de que “si no se actúa a tiempo, acabará reproduciendo los mismos problemas”.
“No queremos que Asturias se convierta en Madrid o Cataluña en términos de delincuencia. Estamos a tiempo de evitarlo”, ha señalado.
El caso de Noelia Castillo, ejemplo más del fracaso institucional
Pérez Moñino también ha hecho referencia al caso de Noelia Castillo, al que ha calificado como “un ejemplo dramático del fracaso de las instituciones”.
“Como mujer, como madre y como española, quiero denunciar a un Estado que ha dado la espalda a una víctima. Nos dimos las instituciones para protegernos, no para abandonarnos”, ha afirmado.
La portavoz de VOX ha trasladado su apoyo a la familia y ha denunciado “el silencio cómplice de quienes deberían estar dando explicaciones”, asegurando que este caso “refleja la degradación moral de unas instituciones que han dejado de cumplir su función principal, que es proteger a los ciudadanos”.
