Carlos Pollán Fernández, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, ha denunciado la decisión del Gobierno de España de volver a modificar la capacidad operativa de las comunidades autónomas en materia de protección y tutela de menores, elevando para Castilla y León la cifra hasta 833 plazas, una cantidad que ha calificado como “absolutamente inasumible”.
Pollán ha recordado que Castilla y León ya se encuentra actualmente por encima de su capacidad, situada en 153 plazas, por lo que multiplicar por más de cinco esa cifra supone, a su juicio, una imposición imposible de gestionar.
“Como ya he comentado, para Castilla y León es inasumible. Ahora mismo ya estamos por encima de la capacidad que tenemos, que es de 153 plazas. Multiplicarla por cinco, unilateralmente, sin consenso ni participación de las comunidades autónomas, que son las que tienen que gestionar esos recursos, es absolutamente imposible”, ha afirmado.
En este sentido, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha subrayado que la oposición de VOX no responde únicamente a una cuestión de financiación, recursos o plazas, sino a un rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha advertido, está provocando el colapso de los servicios sociales en toda España y también en Castilla y León.
“No es una cuestión ni de financiación, ni de recursos, ni de plazas. Es oponernos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, que está suponiendo el colapso de los servicios sociales en toda España”, ha señalado.
Pollán ha defendido que esta posición responde a “principios” y a “responsabilidad política”, y ha asegurado que Castilla y León no participará en lo que ha definido como una “estafa migratoria” impulsada por el Ejecutivo central.
Además, ha recordado que esta postura forma parte del pacto de gobierno suscrito en Castilla y León, concretamente en el punto 10.1, donde se recoge la oposición frontal a cualquier política relacionada con la inmigración ilegal en la comunidad.
Asimismo, Carlos Pollán ha anunciado que, siguiendo la línea de trabajo iniciada en comunidades como Extremadura y Aragón, y previsiblemente también en Andalucía, se comenzará a trabajar en planes de retorno y repatriación, así como en la verificación de la edad de los supuestos menores extranjeros no acompañados.
En este punto, ha señalado que, según los datos conocidos en Aragón, “casi el 80%” de los supuestos menores sometidos a pruebas de edad no lo serían realmente. Por ello, ha considerado inadmisible que se destinen recursos públicos de una comunidad autónoma a atender como menores a personas que, tras las comprobaciones pertinentes, no lo son.
“Estar destinando recursos públicos para atender a menores que no lo son no es de recibo”, ha afirmado.
Pollán también ha destacado que en Extremadura se ha comprobado que un 18% de los menores extranjeros no acompañados tendría familiares directos en España, una circunstancia que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar el sistema y actuar con sentido común.
“Estamos atendiendo como menores no acompañados a personas que tienen familia directa en territorio español. Es una circunstancia absolutamente inasumible”, ha advertido.
Por último, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha anunciado que se auditará todo el gasto público de la Comunidad de Castilla y León vinculado a la inmigración ilegal, y ha avanzado que se trabajará para no habilitar ni rehabilitar más espacios destinados a estos centros.
Asimismo, Pollán ha defendido la necesidad de endurecer el régimen interno de los centros de menores, garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección del trabajo que realizan los funcionarios y el personal encargado de estos servicios.
“Tenemos que valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios y el personal de esos centros, y evitar que sigan sufriendo las situaciones que están sufriendo”, ha concluido.
