La diputada de VOX en la Asamblea de Madrid Raquel Barrero ha exigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que cuantifique el impacto económico que tiene sobre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) la atención sanitaria a personas en situación irregular.
Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Barrero ha reclamado al Ejecutivo autonómico información sobre el número de personas atendidas con cargo a fondos públicos y los recursos destinados a esta asistencia.
La diputada ha defendido que el debate no puede limitarse a determinar qué administración tiene las competencias sobre extranjería, sino que debe abordar también quién gestiona las consecuencias de las decisiones adoptadas desde el Estado.
«Una cosa es quién dicta la norma y otra quién gestiona sus consecuencias», ha afirmado.
«Los presupuestos tienen una frontera: se acaban»
Barrero ha centrado parte de su intervención en la capacidad de los recursos sanitarios disponibles en la Comunidad de Madrid.
«Los hospitales sí tienen fronteras: el número de camas. Las consultas tienen fronteras: las horas disponibles. Los profesionales tienen fronteras: su capacidad de trabajo. Y los presupuestos tienen una frontera: se acaban», ha señalado.
La diputada ha insistido en que reclama datos precisamente para determinar cuál es el impacto real sobre el sistema.
Barrero ha reconocido que, sin esas cifras, no puede atribuir a la asistencia sanitaria de personas en situación irregular problemas concretos como las listas de espera, pero considera que tampoco puede descartarse un impacto si este no ha sido medido.
«No pueden afirmar que la asistencia a personas en situación irregular explique, por ejemplo, las listas de espera porque no tengo los datos. Pero tampoco pueden afirmar que no tiene impacto, cuando ese impacto no se ha medido», ha argumentado.
Barrero reclama comprobar quién debe asumir cada factura
VOX reclama además que la Comunidad de Madrid compruebe la posible existencia de otras coberturas sanitarias, derechos exportables desde otros países, seguros o terceros que puedan estar obligados a asumir determinados costes.
«Si corresponde pagar a otro, hay que reclamarle el pago», ha defendido Barrero.
La diputada considera que el contribuyente madrileño no debe asumir aquellos gastos cuya responsabilidad corresponda legalmente a terceros.
Tres preguntas al Gobierno de Ayuso
Barrero ha concretado sus reclamaciones al Ejecutivo autonómico en tres cuestiones: conocer cuánto cuesta la asistencia sanitaria a personas en situación irregular; saber qué controles aplica la Comunidad para detectar otras coberturas y posibles responsables del pago; y conocer qué reclamaciones ha trasladado el Gobierno regional al Ejecutivo de España sobre los efectos del actual marco estatal.
La diputada ha recordado que la Comunidad de Madrid no puede derogar el Real Decreto 180/2026, pero sostiene que sí puede medir sus consecuencias y aplicar los controles incluidos dentro de sus competencias.
«Cumplir una norma estatal no obliga a guardar silencio sobre sus efectos», ha concluido.
