Nadal: «El Gobierno quiere evitar la crítica y controlar los reguladores»
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha denunciado que la propuesta del Gobierno para el relevo en la presidencia de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) “es un ejemplo más de cómo el Ejecutivo invade desde la política la independencia de los órganos reguladores y destruye su credibilidad”.
Nadal ha reprochado al Ejecutivo que “lo único que le importa es evitar la crítica y extender su brazo político a todas aquellas instituciones cuyo objetivo debería ser la independencia y el funcionamiento regular del Estado”.
“Del Ministerio de Hacienda a evaluar al propio Gobierno”
El dirigente popular ha criticado que la persona propuesta para presidir la AIReF procede directamente del Ministerio de Hacienda, dependiente de la vicepresidenta María Jesús Montero, y ha estado vinculada a la política fiscal del Gobierno.
“Es la persona que diseñó la quita de la deuda y la propuesta de financiación autonómica que fue rechazada por varias comunidades autónomas”, ha subrayado Nadal.
A su juicio, resulta “incompatible” que alguien que ha formado parte del diseño de la política fiscal del Ejecutivo pase ahora a evaluar si el propio Gobierno cumple o no con sus compromisos presupuestarios y con las reglas fiscales.
“Se pone en riesgo la neutralidad institucional”
Nadal ha advertido de que esta decisión “pone en riesgo la neutralidad institucional” y puede afectar a la confianza en los informes y evaluaciones de la AIReF, organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento de los objetivos fiscales.
“Vienes del propio Gobierno y vas a evaluar si el Gobierno cumple o no con sus compromisos fiscales y si las comunidades autónomas, incluidas las del PP, respetan las reglas fiscales”, ha recalcado.
El vicesecretario popular ha concluido que la independencia de los órganos reguladores es “clave para la estabilidad económica y la credibilidad internacional de España”, y ha alertado de que decisiones como esta “debilitan las instituciones y generan dudas sobre su imparcialidad”.