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Día 10 de octubre de 2025

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VOX Alcalá de Henares ha podido saber que el concejal socialista que gestionó durante dos legislaturas las instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal deberá declarar el próximo 14 de octubre en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares, en el marco de las diligencias abiertas por presuntos hechos delictivos cometidos durante su mandato.

La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) ya ha señalado la existencia de indicios de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y nombramiento ilegal de funcionarios.

Este nuevo avance se suma a la denuncia presentada en su día por Víctor Acosta, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Alcalá y presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva, que destapó la desaparición de documentación sensible vinculada a contrataciones realizadas en la etapa socialista, con Javier Rodríguez Palacios como Alcalde de la ciudad complutense  y Alberto Blázquez al frente del organismo autónomo en calidad de Vicepresidente.

Desde VOX se exige la dimisión inmediata del edil investigado, así como de quienes estuvieron al frente de la gestión en aquellos años. En palabras de Acosta, “la gravedad de lo que estamos conociendo no admite más dilación: el dinero de los vecinos de Alcalá no puede ser tratado como un recurso ilimitado al servicio del PSOE. Es urgente depurar responsabilidades políticas y judiciales”.

Además, el portavoz local de VOX ha subrayado que este caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto generalizado de corrupción en el PSOE a nivel nacional, con múltiples procedimientos abiertos en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. “Los socialistas, en Alcalá y en toda España, están siendo señalados de manera recurrente por el mal uso de los fondos públicos. Los hechos ponen de manifiesto una forma de actuar sistemática que hace imprescindible una regeneración política sin más dilaciones.”, ha afirmado.

Además, el grupo VOX recuerda que en el consistorio se está desarrollando una comisión de investigación sobre las concejales socialistas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, en relación con posibles contratos adjudicados a familiares directos de ambas. En dicha comisión, “VOX ya ha advertido de la existencia de indicios de delito, lo que demuestra que la utilización indebida de recursos públicos por parte del PSOE en Alcalá de Henares no es un hecho aislado, sino un patrón reiterado de conducta”

Acosta ha concluido insistiendo en que VOX seguirá impulsando todas las iniciativas necesarias para que se esclarezca la verdad, se depuren responsabilidades y la Ciudad Deportiva Municipal se blinde frente a cualquier intento de uso partidista o irregular de sus recursos “porque desde VOX es lo que hemos venido a hacer, a gestionar y no consentir que el dinero de los españoles, y en este caso de los alcalaínos se use para el beneficio particular de unos pocos”.

En la madrugada del pasado lunes, una joven de 18 años fue brutalmente agredida sexualmente en un parque de Alcalá de Henares. El detenido es un hombre de origen extranjero, en estado de embriaguez, que atacó a la víctima en plena calle.

“Este nuevo episodio de violencia no es un hecho aislado. Alcalá de Henares lleva meses arrastrando una escalada de inseguridad que afecta directamente a sus vecinos. Las agresiones, robos y enfrentamientos en zonas públicas ya no son una excepción, sino un síntoma de una política fracasada”, aseguraba el portavoz del grupo municipal, Víctor Acosta.

Desde VOX lo dicen claro: la seguridad de nuestras mujeres, jóvenes y familias está por encima de la corrección política. La inmigración masiva, mal gestionada y sin control, ha convertido barrios y parques en lugares inseguros. El Gobierno, empeñado en ocultar esta realidad, prefiere criminalizar a quienes lo denunciamos antes que asumir su responsabilidad.

Exigimos medidas inmediatas:

•Tolerancia cero contra los delincuentes: quien agrede o viola no puede permanecer en nuestras calles.

•Expulsión inmediata de los extranjeros que cometan delitos graves, sin excepciones.

•Cierre de los centros de acogida que generan problemas de convivencia.

“La España que cuida de los suyos no puede quedar secuestrada por la inmigración masiva ni los complejos ideológicos de la izquierda”, pronunciaba Acosta, y finalizaba confirmando que desde VOX de va a continuar “defendiendo lo obvio: la prioridad son los españoles y la seguridad de nuestras calles”.

El Grupo Municipal de VOX ha cargado duramente contra la actitud de las concejales socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez, así como del conjunto del PSOE local, por lo que califican como una “falta deliberada a la verdad” en el marco de la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a familiares directos de ambas ediles. VOX denuncia que, lejos de colaborar con la transparencia y la rendición de cuentas que exige la ciudadanía, las concejales implicadas han optado por esconderse tras el silencio y la opacidad.

Según ha revelado el portavoz de VOX, Víctor Acosta, ni los familiares que figuran como beneficiarios de los contratos han acudido a la comisión, ni las concejales han respondido a las preguntas planteadas por los vocales. “Si, como dicen, todo es legal y estamos sacando las cosas de contexto, ¿por qué se niegan a contestar? Aquí lo que está en juego es la limpieza de nuestras instituciones”, ha declarado Acosta.

VOX advierte que la gravedad de los hechos va más allá de las adjudicaciones. La semana pasada, en la sesión de la comisión, varios ediles socialistas admitieron conocer a los familiares de las concejales implicadas incluso en el momento de la firma de las facturas. “Es escandaloso. En lugar de asumir responsabilidades, los socialistas han preferido culpar a los funcionarios para salvar sus carreras políticas. Es el modus operandi de la izquierda: manipular el sistema, proteger a los suyos y criminalizar al adversario”, ha señalado el portavoz.

Para VOX, esta situación refleja lo que califican como “la degeneración moral del PSOE” y la utilización sistemática de las instituciones para favorecer intereses particulares. “Este caso no es una excepción. Es una muestra más del clientelismo, el amiguismo y la corrupción estructural que define al PSOE allá donde gobierna”, ha afirmado Acosta. “Los vecinos no pagan impuestos para financiar redes familiares, sino para recibir servicios públicos dignos y transparentes”.

VOX ha exigido que se depuren responsabilidades y que se garantice que las instituciones no se utilicen para beneficiar intereses personales o familiares. “Estamos aquí para defender a los vecinos y exigir que se actúe con ejemplaridad. La opacidad no tiene cabida en la gestión pública”, ha concluido Acosta.

El Grupo Municipal de VOX en Alcalá de Henares, en colaboración con el Partido Popular, ha registrado dos importantes mociones que serán debatidas en el pleno ordinario del próximo 21 de enero. Estas iniciativas abordan dos cuestiones prioritarias: la necesidad de revertir el impacto del Real Decreto 933/2021 sobre la actividad turística y por otro lado, la lucha contra la okupación ilegal de viviendas.

La primera moción tiene como objetivo solicitar al Gobierno de España la derogación del Real Decreto 933/2021, que establece estrictas obligaciones de registro documental para empresas turísticas y de alquiler de vehículos.

Según el líder local de VOX, Víctor Acosta, “esta normativa supone una carga desproporcionada para las pequeñas y medianas empresas, afecta la privacidad de los viajeros y pone en peligro la competitividad de España como destino turístico líder”.

La segunda moción se centra en combatir la okupación ilegal de viviendas, un problema creciente que afecta gravemente la convivencia y seguridad en los barrios. Entre las medidas propuestas destacan la creación de un mapa de okupación en Alcalá de Henares, el refuerzo de la vigilancia policial en las zonas afectadas y el apoyo jurídico para los propietarios afectados.

Asimismo, se insta al Gobierno central a modificar la normativa de gestión del padrón municipal, impidiendo que los okupas puedan empadronarse en viviendas okupadas ilegalmente, garantizando así la protección de la propiedad privada.

“Desde VOX exigimos desalojos inmediatos y unas políticas más duras para los delincuentes que okupan las viviendas. Tras haber estado en contacto con diferentes vecinos, nos quedamos sorprendidos de las duras e injustas realidades que han de padecer por culpa de las políticas sanchistas que lo único que hacen es asfixiar a los propietarios”, además Acosta añadía que “es por ello que desde VOX ponemos a disposición el mail del grupo municipal para mantener reuniones con los afectados por okupación e inquiokupación, y saber de primera mano cuántos afectados hay en nuestra ciudad y escucharles para intentar ayudarles en todo lo que se pueda”.

El Teniente de Alcalde, hacía hincapié en que los afectados por ocupación e inquiokupación escribiesen al mail grupovox@ayto-alcaladehenares.es para que “podamos ponernos en contacto con ellos”, finalizaba.

El partido VOX en Alcalá de Henares vuelve a manifestar su rechazo rotundo a la continuidad de la actividad de un centro para Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) en la localidad, ya sea en centros de internamiento o en residencias privadas. Esta postura será expresada a través de una moción en el próximo pleno ordinario del 21 de mayo. 

VOX ha criticado la inmigración ilegal desordenada y el «efecto llamada» que, según afirma su portavoz Víctor Acosta, “ha sido promovido por el actual gobierno de la nación”. El partido sostiene que esta situación está deteriorando significativamente el modo de vida y la economía de los ciudadanos locales.

El año pasado, el Ministerio de Defensa habilitó el Cuartel Primo de Rivera para alojar a miles de inmigrantes ilegales trasladados a la ciudad por el gobierno del PSOE, situación que VOX denunció y exigió cerrar, aunque la propuesta fue rechazada por el resto de los grupos municipales.

Actualmente, VOX denuncia la ubicación de un nuevo centro de MENAS en un chalet de la calle Josep Pla, 40, en el Distrito IV. Esta instalación, gestionada por una empresa adjudicataria de un contrato público de la Comunidad de Madrid, ha generado preocupación entre los vecinos.

Puntos Clave de la Denuncia:

  1. Falta de solicitud de licencia de actividad para el uso del chalet.
  2. Ausencia de licencia de obras para la ampliación de dormitorios.
  3. Desconocimiento sobre la escolarización de los menores de 16 años, como lo exige la ley.

El coste de la operación asciende a 161,57 euros diarios por inmigrante, lo que suma 721.248,48 euros anuales para 12 inmigrantes, pagados con dinero público. VOX destaca que este gasto demuestra el carácter lucrativo de la inmigración ilegal para algunas entidades.

Los vecinos han expresado su temor y preocupación por la seguridad, observando que los menores deambulan por el barrio cuando deberían estar escolarizados. “Hemos recibido reiteradas quejas de los vecinos, así como soporte audiovisual de vecinos colindantes a este adosado donde se puede escuchar gritos y golpes a altas horas de la noche” asegura Acosta.

VOX reitera su oposición a las políticas de inmigración ilegal del gobierno actual, calificándolas de globalistas y promotoras del multiculturalismo, que bajo su criterio, incrementa la inseguridad en los barrios. El partido insiste en la necesidad de aplicar la ley y garantizar el interés de los menores, promoviendo el retorno familiar y la repatriación de los inmigrantes ilegales.

Finalmente, VOX Alcalá de Henares insta a la Comunidad de Madrid a solicitar el cierre inmediato del centro de MENAS ubicado en la calle Josep Pla, 40. 

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