Mireia Borrás: «El acuerdo con Marruecos está destruyendo la producción nacional»
VOX ha denunciado en el Parlamento Europeo el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, así como la falta de transparencia de la Comisión Europea en su aplicación, al considerar que se ha actuado al margen del control de la Eurocámara.
La eurodiputada de VOX, Mireia Borrás, ha trasladado estas críticas durante un debate celebrado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), impulsado por la propia formación, en el que ha cuestionado la actuación del Ejecutivo comunitario por no rendir cuentas ante el Parlamento.
Desde VOX se denuncia que la Comisión Europea ha ocultado información relevante sobre el seguimiento del acuerdo, limitando la capacidad de control institucional y el acceso de los ciudadanos a datos fundamentales sobre sus efectos.
En este sentido, Borrás ha advertido de la desaparición de datos sobre importaciones de tomate procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental en las estadísticas oficiales de la Unión Europea, pese a tratarse de un sector estratégico.
Asimismo, la eurodiputada ha señalado el impacto negativo del acuerdo en el sector agrícola español, destacando la caída de la producción en zonas como Almería y el incremento de las importaciones procedentes de Marruecos.
VOX denuncia que esta situación genera una competencia desleal, agravada por la diferencia de condiciones comerciales, y advierte de las consecuencias económicas para el sector agrario nacional.
La formación también ha criticado la gestión del acuerdo en relación con el etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental, señalando que se estarían vulnerando criterios establecidos por resoluciones judiciales europeas.
Ante este escenario, VOX ha exigido a las instituciones europeas y a los Estados miembros la adopción de controles más estrictos en frontera y, en su caso, la derogación del acuerdo comercial con Marruecos.
Desde VOX se insiste en la necesidad de proteger al sector primario, garantizar condiciones de competencia justas y reforzar la transparencia en la gestión de los acuerdos internacionales, en línea con la defensa de la soberanía económica recogida en su programa.
Zoido pregunta en Europa qué se hizo con los millones del AVE Madrid–Sevilla.
El Partido Popular ha registrado una pregunta parlamentaria en el Parlamento Europeo para exigir explicaciones a la Comisión Europea sobre el destino y la ejecución de los fondos europeos concedidos para la renovación de la línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla, una infraestructura que, según documentación oficial, se encontraba “al final de su vida útil” ya en el año 2022.
La iniciativa, presentada por el eurodiputado y exministro Juan Ignacio Zoido, se apoya en la propia documentación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que el 25 de marzo de 2022 concedió a ADIF Alta Velocidad un préstamo de 90 millones de euros para la renovación de esta línea ferroviaria. A esta cantidad se suman otros 111 millones de euros en fondos europeos invertidos en 2023, también destinados a la misma infraestructura, datos que han sido conocidos gracias al trabajo del Partido Popular.
En el expediente del proyecto, publicado en octubre de 2020, el BEI reconoce de forma expresa que las obras e instalaciones de la línea Madrid–Sevilla se encontraban “al final de su vida útil”, motivo por el cual la financiación europea tenía como objetivo mantener los más altos estándares de disponibilidad, fiabilidad y seguridad exigidos para una infraestructura crítica de este tipo.
Necesidad de renovar la vía y garantizar la seguridad
El proyecto identificaba la necesidad urgente de renovar la obra civil, la vía, la electrificación, los sistemas de señalización y telecomunicaciones, así como de desplegar el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, debido al envejecimiento de los elementos esenciales de la línea, en servicio desde 1992.
A la luz de este reconocimiento previo y del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y resultaron heridas cerca de doscientas, el PP plantea dos cuestiones clave a la Comisión Europea:
- Cómo evalúa, desde un punto de vista técnico, el impacto sobre la seguridad y la fiabilidad ferroviaria de operar una infraestructura cuyos sistemas estaban al final de su vida útil.
- Y si, antes de concederse el préstamo del BEI, el Gobierno de España informó a la Comisión de que la línea podía no cumplir plenamente los altos estándares de seguridad exigidos, precisamente por el envejecimiento de sus instalaciones.
“El reconocimiento expreso del deterioro de esta infraestructura por parte de las propias instituciones europeas exigía un control extremo, un seguimiento riguroso y una ejecución eficaz de las obras financiadas con fondos europeos, especialmente cuando estaba en juego la seguridad de los pasajeros”, han señalado fuentes del Partido Popular.
Desde el PP Europeo se insiste en que, cuando una infraestructura crítica es definida como obsoleta o al final de su vida útil, la prioridad absoluta debe ser garantizar que opera en condiciones de máxima seguridad, reclamando transparencia, control y responsabilidades claras sobre el uso de los fondos europeos.