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La diputada por Granada y vicepresidenta tercera de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Cristina Jiménez, ha denunciado el “monumental colapso” de los tribunales comarcales de la provincia de Granada tras el fracaso de la implantación de la nueva ley de eficiencia judicial.

“El Gobierno de la Junta de Andalucía pone en marcha planes para agilizar los servicios públicos y se olvida de lo más importante, que es dotarlos de mejor financiación y más recursos tanto materiales como humanos”, ha censurado la parlamentaria granadina, que ha señalado que el Gobierno andaluz ha tenido tiempo para evitar que este proyecto impulsado por el Gobierno de Sánchez y sus socios colapse los tribunales granadinos.

“Desde la Junta se niega la mayor y se insiste en que hay que tener paciencia y que no les han llegado incidencias graves, mientras que los profesionales hablan de caos y de que habrá casos que no se puedan investigar, por lo que podrían prescribir o archivarse”, ha denunciado Cristina Jiménez.

Según las informaciones publicadas en los medios de comunicación, la situación ha empeorado ostensiblemente en los tribunales de Santa Fe, Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Órgiva y Loja, provocando un notable aumento de los retrasos en los señalamientos de los juicios, según denuncian funcionarios y sindicatos.

“Es la misma situación que encontramos con la tramitación de la dependencia o con las listas de espera en Sanidad, que siguen siendo las más altas de España porque el esfuerzo inversor de la Junta se centra en propaganda y en mantener las estructuras heredadas de los gobiernos socialistas”, ha indicado Jiménez.
La parlamentaria por Granada ha lamentado que, además del colapso y los problemas que esta ley ha acarreado a funcionarios y agentes judiciales, “los grandes perjudicados vuelven a ser los ciudadanos, que ven como sus casos se demoran en el tiempo con lo que esto implica tanto a nivel emocional como económico”.

Cristina Jiménez ha recordado que VOX votó en contra de la ley de eficiencia judicial en el Congreso de los Diputados al considerar que no resolvía los problemas de la Justicia y que era incompleta y sesgada. “Ya advertimos en su momento que era una norma repleta de consignas ideológicas que carece de un eficaz desarrollo de la carrera del personal de justicia y que pierde la oportunidad de que se constituyan verdaderos juzgados de familia, a lo que se ha sumado la incapacidad de la Junta para dotar de medios a los juzgados”, ha concluido la parlamentaria de VOX.

Cristina Jiménez, diputada de VOX por Granada y vicepresidenta tercera en el Parlamento de Andalucía, ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla que “deje de engañar a los granadinos” y que articule todos los recursos necesarios para dar la vuelta al colapso que sufre la provincia en materia de dependencia, con situaciones “vergonzosas” como que en enero de 2025 se estaban tramitando revisiones del segundo semestre de 2022, o incluso del primer trimestre de 2022 en la zona de Iznalloz y Huétor Tajar, lo que significa retrasos de hasta tres años según recoge el Defensor del Pueblo Andaluz.

“Granada es la provincia, junto a Sevilla, donde más quejas se han elevado al Defensor del Pueblo por la deficiente gestión de la dependencia”, ha lamentado Cristina Jiménez, que ha recordado que en la provincia granadina hay más de 9.500 personas en lista de espera “pese a los mensajes autocomplacientes del Gobierno andaluz del PP”.

Cristina Jiménez ha lamentado que, mientras miles de granadinos siguen sin recibir ayudas a las que tendrían derecho legalmente y hay personas que fallecen sin llegar a acceder a la dependencia, tanto la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla como el Gobierno de Pedro Sánchez se culpan mutuamente de esta situación sin articular medidas efectivas y sin dar una financiación adecuada para solucionar este “gravísimo problema”.

“En Andalucía se tarda una media de 574 días en resolver un expediente de dependencia, un tiempo que es inasumible para las personas que están en una absoluta situación de vulnerabilidad”, ha subrayado la diputada autonómica de VOX, que ha subrayado que, mientras, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Moreno Bonilla no dudan en gastar cientos de millones de euros en financiar la inmigración irregular y la acogida de menores no acompañados “que deberían de estar en sus hogares con sus familias”.

De hecho, según los datos de la propia Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Andalucía destina 7.696,35 euros por persona atendida, mientras que cada menor no acompañado tiene un coste para las arcas públicas de 54.000 euros al año, más de 80 millones anuales en total.

“La Andalucía que nos quiere vender el señor Moreno Bonilla a través de sus costosas campañas publicitarias es absolutamente falsa y haría bien en recortar de una vez todo el gasto superfluo que existe en la Junta para dar una financiación adecuada a la Sanidad y la dependencia, que es donde debería centrarse el esfuerzo inversor de las instituciones”