Javier Domínguez: «Querían callarnos, pero ahora están obligados a hablar».
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Gerona ha estimado íntegramente el recurso presentado por el concejal de VOX, Francisco Javier Domínguez García, contra la negativa del Ayuntamiento a facilitar información esencial sobre delincuencia y seguridad ciudadana.
La Sentencia nº 170/2025, dictada el 23 de septiembre, declara nula por ilegal la resolución de la alcaldía que inadmitió la solicitud de VOX y reconoce que el consistorio vulneró el derecho fundamental a la participación política (art. 23 CE) de los concejales al incumplir los plazos legales de respuesta.
El juez recuerda que, conforme a la legislación de régimen local, los concejales tienen derecho a recibir la información necesaria para ejercer sus funciones y que la falta de respuesta en plazo supone un silencio administrativo positivo, es decir, la concesión automática de lo solicitado.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Gerona está obligado a entregar a VOX:
Los datos policiales sobre el número y tipología de delitos cometidos en Gerona, diferenciados por barrios y zonas concretas (estación de trenes, estación de autobuses, Parc Central, etc.).
La información sobre aquellos lugares de la vía pública que los ciudadanos —especialmente las mujeres— evitan transitar por inseguridad, así como las franjas horarias en que se da esta circunstancia.
Además, la sentencia impone las costas procesales al Ayuntamiento, con un límite de 1.000 euros.
El concejal de VOX en Gerona, Francisco Javier Domínguez, ha valorado la resolución afirmando:
“Se trata de una victoria judicial muy importante frente al oscurantismo del gobierno municipal. El Ayuntamiento intentó ocultar datos esenciales sobre delincuencia e inseguridad, pero la Justicia nos da nuevamente la razón: tenemos derecho a conocer y a exigir transparencia para defender a los vecinos de Gerona”.
Desde VOX se exige al Ayuntamiento que cumpla inmediatamente la sentencia y entregue toda la información solicitada, porque los vecinos tienen derecho a conocer la verdad sobre la delincuencia que padecen en sus barrios.