Ruiz Ballesteros: «El Ayuntamiento manipuló informes para imponer restricciones».
VOX Málaga presenta su escrito de conclusiones en el procedimiento judicial interpuesto contra el Ayuntamiento de Málaga, con el objetivo de anular la Ordenanza de Movilidad y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Según ha explicado el vicesecretario jurídico de VOX Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, el expediente del Ayuntamiento “está plagado de errores, imprecisiones y defectos que deberían llevar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a declarar la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza”.
Un expediente con informes fraudulentos y carencias graves
Durante el proceso, el equipo jurídico de VOX Málaga ha comprobado que el informe pericial económico presentado por el Ayuntamiento es deficiente y fraudulento.
“No evalúa las consecuencias reales que la implantación de la ZBE traerá a los malagueños, y además presenta un defecto insubsanable: lo elaboró un jurista, no un economista. Aunque lo firman dos personas, el economista ha declarado que no es el autor. Eso convierte el documento en nulo y en un fraude procesal en toda regla”, ha denunciado Ruiz Ballesteros.
Asimismo, VOX califica la actuación del Consistorio como una auténtica “chapuza”, señalando que la ZBE obliga a los ciudadanos a atravesar calles por las que luego se prohibirá circular para llegar a destinos esenciales como el hospital.
“Todo apunta a que el único objetivo es recaudar multas y fondos europeos, no mejorar el aire que respiramos”, añade el jurista de VOX Málaga.
Falta de alternativas y restricción de la libertad de movimiento
El Grupo Municipal denuncia que el Ayuntamiento no ha ofrecido alternativas reales de transporte público antes de imponer la ZBE.
“El metro no cubre toda la ciudad, la red de autobuses es insuficiente y cara, y mientras tanto se coacciona a los ciudadanos eliminando su libertad de movimiento y desplazamiento”, ha declarado Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga.
Un informe ambiental ridículo y sin validez técnica
Desde VOX también se critica que el informe técnico medioambiental utilizado para justificar la ZBE carece de rigor científico.
El estudio se basó en solo 5 puntos de medición en un área de 400 hectáreas, durante un periodo de apenas cuatro meses (de diciembre de 2022 a marzo de 2023).
Además, el rediseño posterior de las estaciones de control dejó tres cabinas fuera del área de la ZBE, por lo que las mediciones resultan “absolutamente insuficientes y sesgadas”.
“El informe no evalúa las consecuencias de desviar el tráfico hacia calles colindantes, ni demuestra un problema de contaminación real. Con estos datos, imponer restricciones al tráfico es un abuso injustificable”, ha explicado Ruiz Ballesteros.
No hay emergencia climática, hay imposición ideológica
Para la Formación, la ZBE responde a una agenda política e ideológica, no a una necesidad ambiental.
“No hay ninguna emergencia climática en Málaga. España, y menos aún nuestra ciudad, no emite gases que justifiquen cierres o restricciones. Estas medidas sólo se entienden como un intento de control social y recaudación”, ha afirmado Alcázar.
El propio informe del Ayuntamiento contempla como único objetivo forzar a los ciudadanos a abandonar el coche privado, sin estudiar el impacto del tráfico desviado ni ofrecer alternativas reales.
“La calidad del aire en Málaga es buena y ha mejorado. Los datos del propio Ayuntamiento demuestran que implantar una ZBE no solo es innecesario, sino contraproducente”, subraya el edil.
Una medida desproporcionada, injusta e ilegal”
La portavoz adjunta del Grupo Municipal, Yolanda Gómez, ha agradecido la labor de sus compañeros y ha reforzado la denuncia de VOX Málaga al subrayar que “la Zona de Bajas Emisiones es una medida desproporcionada, injusta e ilegal, y no lo dice VOX, lo dicen los tribunales”.
Gómez ha recordado que “esta medida no es obligatoria, como afirman Partido Popular y Partido Socialista, ya que la directiva europea solo establece una recomendación para reducir emisiones, pero no impone su implantación”.
“La Ley de Cambio Climático, impulsada por el PSOE y respaldada por el PP, transpone esa directiva de la manera más restrictiva posible. Sin embargo, sigue siendo ilegal, porque prevalece la normativa y la jurisdicción de la Unión Europea”, ha añadido.
La edil ha destacado que “tenemos precedentes en ciudades como Barcelona, donde el Tribunal Supremo ha anulado la ZBE al considerar que no se ha justificado y que se ha hecho una pobre ponderación de sus consecuencias. En Málaga ocurre lo mismo: ni el informe medioambiental ni el económico —que ni siquiera existe— avalan su implantación”.
“Es una medida meramente recaudatoria, sin justificación alguna. El propio informe medioambiental se desmorona: solo analiza tres de las doce sustancias exigidas por la normativa europea y concluye que solo se superan los límites en un punto donde ni siquiera hay tráfico rodado”, ha explicado Gómez.
Por último, la portavoz adjunta ha advertido que “estas políticas radicales derivan de la Agenda 2030, una agenda globalista que PP y PSOE abrazan mientras castigan a las clases medias y trabajadoras, los que menos pueden permitirse cambiar de coche”.
“España solo emite un 0,58 % de las emisiones globales, mientras China, India y Estados Unidos alcanzan el 70 %. Sin embargo, aquí se desindustrializa el país y se penaliza a los ciudadanos. Estas políticas vulneran derechos fundamentales y restringen la libertad de movimiento”, ha concluido.
La libertad no contamina
Desde el partido se concluye que la Zona de Bajas Emisiones “no protege el medio ambiente, pero sí amenaza el empleo, la economía familiar y la libertad de circulación”.
“Queremos una Málaga sostenible, pero también libre y justa. La sostenibilidad no puede construirse a costa de los trabajadores. La libertad no contamina; lo que contamina es la imposición, la desigualdad y la falta de respeto a los malagueños”, ha declarado Antonio Alcázar.