Mercedes Zarzalejo: «.Defendemos la independencia judicial frente al asalto del Gobierno».
El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy en la Asamblea una Proposición No de Ley (PNL) para defender la independencia judicial y la separación de poderes frente a las reformas impulsadas desde el Gobierno central.
Con esta iniciativa, los populares piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez la paralización y retirada inmediata del Proyecto de Ley que modifica la Ley del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que además de transgredir los principios de mérito y capacidad por los que ha de regirse el acceso a la función pública, menoscaba la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal, afectando a la separación de poderes.
Asimismo, la propuesta se refiere también al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el proyecto de Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y piden su paralización por atribuir a la Fiscalía la instrucción de los procedimientos penales y difuminar las competencias del Consejo Fiscal, lo que significa un distanciamiento del modelo de la Fiscalía Europea, plenamente independiente y con un funcionamiento colegiado.
En este sentido, la diputada Mercedes Zarzalejo, encargada de defender la iniciativa en el Pleno, ha señalado que “esta reforma propicia el acceso arbitrario a la judicatura, restringe la participación democrática en órganos de gobierno y somete instancias clave a criterios partidistas”.
“Se trata de una modificación que no cuenta con el respaldo de los operadores jurídicos y que supone un asalto al Estado de derecho, un atropello al modelo de convivencia constitucional que garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder”, ha indicado Zarzalejo, que no duda al explicar que “no es otra cosa que construir un nuevo sistema judicial para protegerse a sí mismos, borrar sus delitos y garantizar su impunidad”.
“Un plan premeditado de Pedro Sánchez para convertir al juez en un burócrata, al fiscal en un brazo más del Ejecutivo y a la ciudadanía en un simple espectador, sin voz ni legitimación para actuar contra un poder político corrupto”, ha continuado la diputada popular, quien ha insistido en que hay una corrupción institucional mortal y dañina que se está cocinando a fuego lento por la puerta de atrás”.
Por último, los populares reclaman financiación a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia por los costes derivados de la ampliación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Mercedes Zarzalejo: «El carné de esposa del presidente no habilita para dirigir una cátedra».
La Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de hoy el dictamen final de la Comisión de Investigación sobre las posibles irregularidades en la gestión de las cátedras extraordinarias y estudios de postgrados en la Universidad Complutense de Madrid y otros centros adscritos, y el texto concluye que la cátedra dirigida por Begoña Gómez se gestó en la Moncloa y se creó de manera arbitraria para colocarla en una posición que no le correspondía por formación, ni por vinculación laboral, ni por experiencia académica.
El documento, aprobado ya en comisión a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, incluye un total de 26 conclusiones que ponen de manifiesto que este título se creó de manera anómala, acelerada y al margen de los cauces reglamentarios de la UCM, como ha expuesto la diputada del GPP y presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant.
De esta manera, se evidencia que ha habido un uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales, que se ha vulnerado la normativa interna de la Universidad y que la Plataforma Tecnológica de Medición de Impacto Recurrente fue desarrollada íntegramente y entregada por las empresas colaboradoras a los responsables de la cátedra.
Para elaborar el dictamen final, se han tenido en cuenta las aportaciones de 17 comparecientes en esta comisión, cuyo objetivo principal es devolver el prestigio a la UCM. En este sentido, la diputada Mercedes Zarzalejo, encargada de defender el texto en el Pleno, ha afirmado que “el carné de esposa del presidente no es un título habilitante para usurpar el puesto de los profesores universitarios”.
En su intervención, Zarzalejo ha destacado que esta iniciativa “ha servido para poner en valor el esfuerzo y el sacrificio de los jóvenes, graduados, doctorandos, docentes, investigadores y demás profesionales de la Universidad”.
“Mientras los españoles estábamos en casa cumpliendo con las restricciones del estado de alarma, el presidente del Gobierno, su esposa y sus ministros aprovechaban la parálisis del país para alimentar sus futuros negocios”, ha señalado. Por lo que este dictamen persigue también “pedir responsabilidades a todos los implicados”, ha apuntado la diputada popular. Y, para ello, el texto aprobado por el Parlamento regional recoge una serie de recomendaciones. Entre ellas, dar traslado al Ministerio Fiscal del documento final.
