Isabel Moreno exige auditoría externa a Ingesa tras detectarse un 96,5% de compras directas en 2022 y un 89,58% en 2023.
El Grupo Popular presentará una moción en el Senado para exigir que se realice una auditoría externa al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) con el objetivo de que se puedan depurar responsabilidades y de restablecer la legalidad en una institución que, según afirma Isabel Moreno, “lamentablemente está funcionando como la prolongación del sanchismo”.
La senadora del Partido Popular ha confirmado esta noticia tras conocer que, tal y como han publicado numerosos medios de comunicación, el Tribunal de Cuentas (TC) ha detectado múltiples irregularidades en miles de contratos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria suscritos en 2022 y en 2023 en compras sanitarias realizadas para el Hospital Comarcal.
La dirigente popular califica de “escandaloso” el informe del TC, informe que revela que las compras directas alcanzaron el 96,52 por ciento en 2022 y el 89,58 por ciento en 2023, y condena el silencio “atronador” de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh. “¿Hasta cuándo va a seguir esquivando su responsabilidad política?”, se pregunta Moreno, quiere saber qué medidas ha adoptado el PSOE para acabar con unas prácticas que tilda de “absolutamente anómalas” y de “irregulares”. “El informe es demoledor y no admite medias tintas”, indica.
Para la senadora, la irregularidad y la arbitrariedad se han convertido en la norma de Ingesa, cercenando y vulnerando los principios más elementales, algo que, añade, también se refleja en los problemas detectados en la bolsa de empleo del organismo. “Estamos ante una gestión que no solo incumple la ley, sino que consolida la forma de hacer política del sanchismo”, incide.
En palabras de la representante del PP melillense, “la gravedad de estos hechos exige un acto elemental de responsabilidad política”. Por un lado, reclama el cese inmediato del director territorial del Ingesa por todos los fracasos y los escándalos que han salpicado a la institución que dirige. Por otro lado, pide a la delegada del Gobierno que asuma su cuota de responsabilidad, dé la cara ante los melillenses y ofrezca explicaciones claras y convincentes.
La senadora tiene claro que el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el alto porcentaje de contratos a dedo que se otorgan al margen de la ley, mostrando así, dice, un claro ejemplo de “clientelismo” político que, remarca, “está erosionando la sanidad pública, degradando la calidad asistencial y que también mina la moral del personal sanitario”. “No estamos ante errores puntuales ,sino ante una dinámica institucionalizada que solo refleja la forma corrupta de proceder de un Gobierno incapaz de gestionar con transparencia y justicia, solo dedicado a la supervivencia del líder”, finaliza.