El Parlamento de Navarra ha rechazado la moción de VOX que reclamaba frenar la inmigración masiva con el argumento de evitar una mayor presión sobre los servicios públicos de la Comunidad Foral.
La iniciativa, defendida por el portavoz del Grupo Mixto, Emilio Jiménez Román, únicamente recibió su voto favorable. UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin votaron en contra, mientras que el Partido Popular optó por la abstención.
Jiménez defendió durante el debate que la situación de la sanidad y la educación públicas exige abordar también, desde la perspectiva de VOX, las consecuencias de las políticas migratorias.
Jiménez vincula inmigración y presión sobre los servicios públicos
«Los servicios públicos están en estado crítico: colapso y saturación en hospitales, centros de salud y aulas. Quienes sufren las consecuencias son los navarros, víctimas de la degradación de unos servicios que ellos sostienen con sus impuestos», afirmó.
El parlamentario atribuyó directamente parte de esta presión a la inmigración masiva y sostuvo que las políticas migratorias del Gobierno están perjudicando el acceso de los españoles a determinados servicios.
Jiménez aseguró además que la situación está provocando que algunas familias recurran a alternativas privadas y afirmó que el gasto en actividades extracurriculares ha aumentado más de un 35%.
En el ámbito sanitario, describió un escenario marcado por la falta de relevo generacional, la precariedad laboral y salarial, la salida de profesionales y las listas de espera.
«La regularización masiva, la política de fronteras abiertas y la inacción del Gobierno van a acelerar el desmantelamiento de nuestra sanidad», sostuvo.
VOX pide publicar el coste en Osasunbidea
La moción planteaba que se hicieran públicos los datos sobre el coste de la inmigración en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y reclamaba garantizar la atención prioritaria a pacientes vulnerables.
VOX proponía además derogar el Real Decreto 180/2026 y vincular con carácter general el acceso al sistema sanitario a la residencia legal, manteniendo la asistencia en situaciones de emergencia.
La iniciativa también instaba a repatriar a quienes hubieran entrado irregularmente en España y a deportar a extranjeros que cometieran delitos graves o, según los términos de la propuesta, vivieran de ayudas públicas.
El PP se abstiene y UPN vota en contra
El PP justificó su abstención señalando que comparte la necesidad de contar con unos servicios públicos de calidad y una inmigración «ordenada e integrada», pero rechazó identificar la inmigración como la principal causa de su deterioro.
Los populares señalaron además que existen inmigrantes que cotizan y atribuyeron los problemas fundamentalmente a la falta de planificación del Gobierno de María Chivite.
UPN votó en contra y calificó la iniciativa de contener «exageraciones y falsedades», además de criticar lo que consideró una «apuesta centralista» y una copia de propuestas presentadas en otros parlamentos. También rechazó responsabilizar a los inmigrantes de la situación de los servicios públicos.
VOX quedó así como el único grupo que respaldó la propuesta defendida por Jiménez.
