Las consejerías gestionadas por VOX en los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y Extremadura, dirigidas por los vicepresidentes Alejandro Nolasco, Carlos Pollán y Óscar Fernández, han decidido no asistir a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este martes, 1 de julio.
La decisión se produce como gesto de denuncia frente a lo que las consejerías de VOX consideran una nueva imposición del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados.
Las tres consejerías critican que el Ejecutivo central vuelva a actuar de manera unilateral, imponiendo criterios de distribución que califican de arbitrarios, opacos y alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas.
Entre los asuntos incluidos en el orden del día figura la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.
Para las consejerías de VOX, esta nueva asignación de fondos supone un nuevo intento de financiar la política migratoria del Gobierno de Sánchez, que, a su juicio, fomenta el efecto llamada y perjudica a unos sistemas autonómicos de protección que ya se encuentran al límite de su capacidad.
Rechazo al nuevo real decreto impuesto por Sánchez
Las consejerías de VOX también han rechazado la forma de actuar del Gobierno respecto al real decreto con el que el Ejecutivo pretende actualizar el reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas.
Según denuncian, esta medida responde a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio. En este sentido, advierten de que los sistemas de protección de Aragón, Castilla y León y Extremadura ya se encuentran tensionados y no pueden seguir soportando decisiones impuestas desde Madrid sin tener en cuenta la situación real de cada región.
Las consejerías consideran que cualquier incremento impuesto por el Gobierno constituye una nueva maniobra política de Pedro Sánchez, ajena a la realidad que viven las comunidades autónomas y a las necesidades de sus servicios sociales.
Por ello, han anunciado que pondrán en marcha todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance para ejercer una oposición frontal a esta decisión unilateral del Gobierno de España.
Asimismo, VOX reclama una política migratoria basada en el control de las fronteras, el cumplimiento de los acuerdos de gobierno y la defensa de las competencias autonómicas frente a imposiciones del Ejecutivo central.
Las consejerías de VOX reiteran que no participarán en órganos cuyo objetivo, a su juicio, sea legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno de España. Consideran que estas políticas contribuyen al efecto llamada, al tráfico de personas y a la saturación de los servicios de protección en todo el territorio nacional.
