VOX ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre, por su actuación en relación con los acontecimientos registrados en Ceuta el pasado 30 de julio.
La formación atribuye en su escrito seis presuntos delitos: colaboración con el terrorismo, homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento con abuso de funciones públicas. La presentación de la querella no implica por sí misma que el Supremo la haya admitido a trámite ni que los señalados hayan sido imputados por esos delitos.
VOX sostiene que existieron alertas previas
Según expone VOX, la querella se apoya en un informe policial remitido a la Audiencia Nacional que describiría los hechos como una operación organizada y no como un movimiento migratorio espontáneo.
La formación sostiene además que la Policía Nacional emitió alertas los días 28 y 29 de julio sobre un “riesgo extremo” y una posible entrada masiva prevista para el día 30, avisos que, según la querella, llegaron a la Secretaría de Estado de Seguridad.
VOX acusa a los responsables políticos de no haber desplegado con antelación medios suficientes y sostiene que los refuerzos llegaron cuando la entrada masiva ya se había producido.
La querella pide comunicaciones internas y declaraciones
El partido defiende en su escrito que existen indicios de una operación coordinada destinada a colapsar la frontera y ejercer presión sobre España, tesis sobre la que fundamenta la acusación de una eventual colaboración con el terrorismo.
VOX reclama al Supremo que tome declaración a Sánchez, Marlaska y Calvo Sastre, recabe comunicaciones internas del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad y cite como testigos a la ministra de Defensa y al director general de la Policía.
También solicita el bloqueo cautelar de archivos y correos electrónicos oficiales para preservar documentación durante una eventual investigación y pide que Marlaska se abstenga de adoptar represalias contra funcionarios o agentes relacionados con los avisos mencionados en la querella.
VOX apunta a contradicciones dentro del Gobierno
La formación también alude a una alerta del Departamento de Seguridad Nacional publicada el 31 de julio y retirada posteriormente, así como a lo que considera versiones contradictorias dentro del Ejecutivo sobre la existencia de informes previos.
VOX sostiene que las posibles responsabilidades penales deben ser esclarecidas judicialmente y ha trasladado ahora esas acusaciones al Tribunal Supremo.
