El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Ávila ha reclamado un cambio en la política de movilidad de la ciudad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulase el II Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). La formación pide abandonar, según su planteamiento, un modelo basado en restricciones al vehículo privado y reclama que las futuras medidas tengan en cuenta las necesidades económicas y de desplazamiento de los vecinos.
«La movilidad de Ávila no puede basarse en restricciones y zonas de bajas emisiones», sostiene VOX, que recuerda que fue el único grupo municipal que votó en contra del PMUS cuando el documento fue aprobado por el Pleno.
La sentencia del TSJ de Castilla y León, fechada el 18 de septiembre, estima el recurso interpuesto contra el acuerdo plenario de diciembre de 2024 que aprobó el plan. El motivo de la nulidad apreciado por el tribunal se centra en que el PMUS no concretaba suficientemente los elementos básicos de la futura Zona de Bajas Emisiones y remitía su definición a una ordenanza posterior.
VOX rechaza que los vecinos tengan que cambiar de vehículo
La formación considera que las políticas municipales de movilidad no deben terminar obligando a los abulenses a sustituir vehículos que todavía están en condiciones de uso para poder desplazarse por determinadas zonas de la ciudad.
«No todos los abulenses tienen capacidad económica para cambiar de coche porque una administración decida que su vehículo ya no puede circular por determinadas zonas. No podemos convertir la movilidad en un problema económico para las familias, los trabajadores, los autónomos o las personas mayores», señala el Grupo Municipal.
VOX rechaza así que el acceso a determinadas áreas dependa de disponer de un vehículo eléctrico o de una determinada etiqueta ambiental y pone el foco en el coste que supondría para aquellos vecinos que no puedan afrontar la compra de otro automóvil.
«Una persona que tiene un vehículo perfectamente operativo y que cumple con sus obligaciones no puede verse penalizada simplemente porque no pueda permitirse comprar otro. La movilidad debe estar al servicio de los vecinos, no los vecinos al servicio de un modelo de movilidad», defiende la formación.
El TSJ cuestionó cómo se definía la Zona de Bajas Emisiones
La resolución judicial no establece que Ávila no pueda disponer de una Zona de Bajas Emisiones ni anula el PMUS por la existencia de restricciones al tráfico. El tribunal considera insuficiente la forma en la que el documento aprobado abordaba la ZBE.
Según la sentencia, el propio Plan de Movilidad debía recoger unas líneas básicas sobre esa zona —como su ámbito geográfico, fases de implantación, vehículos afectados o condiciones de acceso— antes de que una ordenanza municipal desarrollara posteriormente sus detalles.
Por tanto, la valoración de que el fallo debe llevar a abandonar un modelo basado en restricciones corresponde a VOX, mientras que el fundamento jurídico de la nulidad se refiere a la insuficiente concreción de la ZBE dentro del PMUS.
«Ávila necesita soluciones, no más restricciones»
Ante este escenario, VOX reclama al Ayuntamiento que priorice la mejora del transporte público, la circulación, el acceso al centro, la seguridad vial y la disponibilidad de aparcamiento.
El Grupo Municipal sostiene que la planificación futura debe partir de los problemas cotidianos de movilidad de los vecinos y evitar que las medidas ambientales deriven, a su juicio, en mayores costes o limitaciones para quienes necesitan utilizar el vehículo privado.
«Ávila necesita una movilidad pensada para los abulenses y no un modelo que termine diciéndoles qué coche pueden tener, por dónde pueden circular o cuánto tienen que gastar para poder desplazarse. Ávila necesita soluciones, no más restricciones», concluye VOX.
Tras conocerse la sentencia, el Ayuntamiento comunicó el 24 de septiembre que no presentará recurso de casación y que elaborará un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El Consistorio prevé incorporar primero en ese documento las bases de la Zona de Bajas Emisiones y desarrollar posteriormente una nueva ordenanza.
