El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso significativo en su estrategia política con la aprobación de un real decreto para la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular en España. La medida, pactada con Unidas Podemos, permitirá que hasta medio millón de personas que ya residen en el país puedan solicitar y obtener residencia y permiso de trabajo legal si cumplen una serie de requisitos básicos, como acreditar al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros y sin necesidad de convalidación parlamentaria, marca uno de los avances migratorios más ambiciosos del Ejecutivo socialista en los últimos años. Según fuentes oficiales, quienes presenten la solicitud podrán acceder desde abril de 2026 a autorizaciones de residencia inicial por un año, con posibilidad de optar más adelante a permisos ordinarios conforme a la ley de extranjería.
El Gobierno sostiene que esta iniciativa responde a una realidad social y económica existente, donde muchas personas han vivido y trabajado durante años sin cobertura legal y que ahora podrán incorporarse plenamente al mercado formal, cotizar y acceder a derechos fundamentales. Líderes políticos del PSOE han subrayado que esta medida es coherente con un enfoque humanista y vinculada al crecimiento económico, así como una forma de responder a compromisos de justicia social que el partido ha defendido en campañas anteriores.
Sin embargo, la decisión llega también en un momento político crucial. Con elecciones generales en el horizonte, analistas y voces de la oposición han señalado que esta regularización puede tener un impacto significativo en el escenario electoral. La medida —vista por el Gobierno como el cumplimiento adelantado de una promesa de campaña— se interpreta en algunos sectores como un intento de consolidar apoyos entre sectores sociales progresistas y entre quienes simpatizan con políticas migratorias abiertas.
La oposición ha criticado duramente la iniciativa. El Partido Popular sostiene que se trata de una maniobra para desviar la atención de otros problemas nacionales o para influir en la composición del electorado. Líderes conservadores han calificado la medida como un atajo político que evita el debate parlamentario y han prometido revertirla si llegan al poder.
Organizaciones sociales y de derechos humanos, en cambio, han acogido la regularización como un avance en la integración de personas migrantes, destacando que pone fin a situaciones de precariedad y vulnerabilidad para quienes ya forman parte de comunidades y sectores productivos en toda España.
Con esta iniciativa, Pedro Sánchez refuerza una de las señas de identidad de su proyecto político y da un paso adelante en la campaña electoral, cumpliendo con medidas que movilizan tanto apoyos internos como polarizan el debate público en torno a la migración y el modelo de sociedad que se propone para España.
