El diputado de VOX en la Junta General Javier Jové ha denunciado en el Pleno lo que considera “un rotundo fracaso” de la política de vivienda en Asturias, marcada por la caída de la oferta, el aumento de precios y la inseguridad jurídica para los propietarios.
Durante su intervención, Jové ha recordado que desde agosto de 2024 hasta mayo de 2025 han desaparecido más de mil viviendas vacacionales, lo que supone una reducción del 21% en apenas seis meses. “¿Dónde están esas mil viviendas menos?”, ha preguntado, señalando que, lejos de incorporarse al mercado tradicional, la oferta de alquiler sigue desplomándose.
Según los datos expuestos por VOX, en 2025 el parque de viviendas en alquiler se redujo en 2.200 inmuebles, un 14%, que se suman a los 6.300 perdidos el año anterior. En dos años, la caída acumulada alcanza las 8.500 viviendas, lo que representa un descenso del 35%, mientras la presión de la demanda se ha incrementado un 63%.
A ello se suma la subida del precio del metro cuadrado, que ha pasado de 1.347 euros a 1.714 desde la llegada del actual consejero, lo que supone un incremento del 27%.
Jové ha cuestionado también el número real de viviendas sociales construidas y entregadas en este mandato, recordando que en la legislatura anterior apenas se pusieron a disposición un centenar en cuatro años, cuando las necesidades en Asturias se estiman en 2.500 viviendas nuevas al año. Asimismo, ha advertido de que la anunciada regularización masiva de inmigrantes ilegales incrementará aún más la presión sobre un mercado ya tensionado. “¿Tenemos que ofrecer viviendas a todos aquellos que asaltan nuestras fronteras?”, se ha preguntado el parlamentario.
El diputado de VOX ha criticado igualmente el programa Alquilámoste, preguntando cuántas llaves se han entregado realmente tras más de dos meses de anuncios públicos, y ha denunciado lo que considera una intervención creciente sobre el derecho de propiedad, con la creación de registros de viviendas desocupadas y la extensión de las llamadas zonas tensionadas.
Para VOX, la solución pasa por un cambio profundo de rumbo que incluya construir vivienda de forma intensiva, liberalizar suelo, reducir burocracia, bajar impuestos, abaratar costes de construcción y garantizar seguridad jurídica a los propietarios. “Sin oferta suficiente y sin respeto al derecho de propiedad no habrá acceso real a la vivienda”, han concluido desde el grupo parlamentario.
