La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Gil, ha reclamado al Gobierno de Page que garantice por ley la estabilidad en la financiación para los colectivos del Tercer Sector que derivará en los derechos de los profesionales y en la calidad del servicio que se presta a los usuarios de dichas entidades.
De esta forma se ha pronunciado la diputada de los populares en una rueda de prensa en la que ha puesto el foco en el bienestar de las personas, sobre todo las atendidas a través de las entidades del Tercer Sector de la región, tales como asociaciones, fundaciones u ONG´s que trabajan por el interés general y lo hacen complementando la labor de la administración.
Así, Gil ha recordado como dichas entidades necesitan estabilidad financiera, algo de lo que se viene alertando desde el PP-CLM, una situación que está debilitando gravemente el sistema de servicios sociales concertados de la región. Sobre este asunto, ha incidido afirmando que, sin dicha estabilidad, servicios especializados como los que reciben las personas mayores en las residencias o los centros de día; los programas de inclusión; los servicios especializados de atención a las familias o algunos otros, sufren retrasos en los pagos, una infrafinanciación estructural, la inseguridad jurídica o la ausencia de actualización de los precios hora.
Y es que, según María Gil, todos esos servicios no pueden sostenerse sobre la “precariedad económica que a veces azota a las entidades del tercer sector”, por ello ha insistido en que “no puede haber estabilidad en la atención a los cuidados si no hay estabilidad financiera en los conciertos sociales”. Gil ha añadido que la garantía de pago en plazo no es una concesión, sino una obligación de la administración que sabe que, de otra manera, servicios esenciales para los castellanomanchegos no podrían ser prestados.
Por todo ello, desde el PP-CLM se propone el pago en plazo obligatorio por parte de la administración para asegurar que las entidades puedan mantener sus plantillas y, con ello, asegurar su continuidad; mecanismos de revisión y de actualización de precios, teniendo en cuenta la evolución de los costes laborales y el coste del propio servicio; además se propone la aplicación automática de intereses de demora cuando la administración incumpla los plazos de pago, introduciendo por tanto, responsabilidad real y transparencia.
Finalmente, la diputada de los populares ha aseverado que, frente un modelo basado en los anuncios como es el del socialista Emiliano García-Page, desde el PP-CLM se impulsa un modelo basado en menos propaganda y más gestión, “menos improvisación y más certeza y, desde luego, menos titulares y más compromiso con los derechos de las personas”. En definitiva, más seguridad para las entidades, más certidumbre para los profesionales y más calidad en la atención a las personas.