El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley para modificar la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de permitir el bingo social sin ánimo de lucro en centros de mayores y entidades sociales.
La iniciativa busca excluir de la normativa vigente aquellas actividades recreativas tradicionales, como el bingo con cantidades simbólicas de dinero, cuando se desarrollen con fines sociales, de convivencia o recreativos, y sin ánimo de lucro.
La parlamentaria del Grupo Popular Vasco, Ainhoa Domaica, ha denunciado que la legislación actual genera situaciones “injustas y desproporcionadas”, recordando casos recientes en los que centros de mayores se han enfrentado a sanciones de hasta 60.000 euros por actividades de ocio con apuestas simbólicas.
“Es un despropósito que un centro de personas mayores o cualquier entidad social sin ánimo de lucro pueda enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros por jugar al bingo con cantidades mínimas”, ha afirmado Domaica.
SENTIDO COMÚN Y SEGURIDAD JURÍDICA
Desde el Partido Popular del País Vasco se subraya que esta iniciativa pretende aportar “tranquilidad, sentido común y seguridad jurídica” a las personas mayores y a las entidades sociales.
La propuesta plantea modificar el artículo 1.2 de la Ley del Juego para excluir expresamente del ámbito de aplicación aquellos juegos de carácter recreativo y tradicional, siempre que no exista explotación económica.
Asimismo, se recoge de forma específica que quedarán excluidos los bingos organizados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en ámbitos sociales, sanitarios, sociosanitarios y de ocio, siempre que su finalidad sea social, recreativa o de convivencia.
Domaica ha criticado la “pasividad” del Gobierno Vasco y ha defendido que el Partido Popular “da un paso adelante” para adaptar la normativa a la realidad social y proteger actividades tradicionales que fomentan la convivencia y el bienestar de las personas mayores.
El Partido Popular defiende una legislación basada en el sentido común, la seguridad jurídica y el apoyo a las actividades sociales que contribuyen al bienestar y la cohesión, especialmente entre las personas mayores.
