Ainhoa Domaica: «La reforma del juego devolverá la tranquilidad a los mayores»
La parlamentaria del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Ainhoa Domaica, ha destacado que la modificación de la Ley del Juego impulsada por el PP permitirá “devolver la tranquilidad a los hogares de jubilados y centros de mayores” en el País Vasco.
Domaica ha subrayado que la iniciativa cuenta con el criterio favorable del Gobierno vasco, asegurando que se trata de una propuesta “sensata y de sentido común” que ha logrado el respaldo de otras formaciones tras su presentación por el Grupo Popular.
La dirigente popular ha defendido el valor social de actividades tradicionales como el bingo en centros de mayores, señalando que fomentan la convivencia, la participación y el envejecimiento activo, además de contribuir al bienestar emocional y a combatir la soledad no deseada.
En este sentido, ha criticado la situación generada por la normativa vigente, que había provocado que centros sociales pudieran enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 euros por realizar estas actividades con cantidades simbólicas de dinero. “Se trataba de un auténtico disparate”, ha afirmado.
Domaica ha señalado que la actual ley, vigente desde 1991, no daba respuesta a la realidad social, lo que generaba inseguridad jurídica en entidades sin ánimo de lucro y centros de mayores.
Por ello, el Partido Popular ha promovido una modificación legislativa que permitirá la práctica de estos juegos cuando tengan una finalidad social, garantizando así seguridad jurídica y evitando sanciones desproporcionadas.
La parlamentaria ha concluido destacando que esta medida es un ejemplo de “política útil, cercana y pegada a la realidad”, centrada en mejorar la vida de los ciudadanos.
Ainhoa Domaica: «Es un despropósito multar a mayores por jugar al bingo con pequeñas cantidades»
El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley para modificar la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de permitir el bingo social sin ánimo de lucro en centros de mayores y entidades sociales.
La iniciativa busca excluir de la normativa vigente aquellas actividades recreativas tradicionales, como el bingo con cantidades simbólicas de dinero, cuando se desarrollen con fines sociales, de convivencia o recreativos, y sin ánimo de lucro.
La parlamentaria del Grupo Popular Vasco, Ainhoa Domaica, ha denunciado que la legislación actual genera situaciones “injustas y desproporcionadas”, recordando casos recientes en los que centros de mayores se han enfrentado a sanciones de hasta 60.000 euros por actividades de ocio con apuestas simbólicas.
“Es un despropósito que un centro de personas mayores o cualquier entidad social sin ánimo de lucro pueda enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros por jugar al bingo con cantidades mínimas”, ha afirmado Domaica.
SENTIDO COMÚN Y SEGURIDAD JURÍDICA
Desde el Partido Popular del País Vasco se subraya que esta iniciativa pretende aportar “tranquilidad, sentido común y seguridad jurídica” a las personas mayores y a las entidades sociales.
La propuesta plantea modificar el artículo 1.2 de la Ley del Juego para excluir expresamente del ámbito de aplicación aquellos juegos de carácter recreativo y tradicional, siempre que no exista explotación económica.
Asimismo, se recoge de forma específica que quedarán excluidos los bingos organizados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en ámbitos sociales, sanitarios, sociosanitarios y de ocio, siempre que su finalidad sea social, recreativa o de convivencia.
Domaica ha criticado la “pasividad” del Gobierno Vasco y ha defendido que el Partido Popular “da un paso adelante” para adaptar la normativa a la realidad social y proteger actividades tradicionales que fomentan la convivencia y el bienestar de las personas mayores.
El Partido Popular defiende una legislación basada en el sentido común, la seguridad jurídica y el apoyo a las actividades sociales que contribuyen al bienestar y la cohesión, especialmente entre las personas mayores.
Ainhoa Domaica pide retirar documentos con su nombre publicados por la Ertzaintza.
El Grupo Popular Vasco ha registrado una queja y solicitud de amparo ante la Mesa del Parlamento Vasco tras recibir documentación oficial de la Ertzaintza en la que aparece, como marca de agua, el nombre y los dos apellidos de la parlamentaria del PP Vasco Ainhoa Domaica Goñi, junto a la referencia a su grupo parlamentario.
Según ha denunciado el Grupo Popular Vasco, esa identificación nominal aparece incorporada en todas las páginas de los documentos remitidos por el Departamento de Seguridad, en respuesta a una solicitud de información parlamentaria formulada en el ejercicio de la función de control al Gobierno Vasco.
La documentación, relativa a instrucciones sobre la normalización del uso del euskera en la Ertzaintza, no solo fue remitida con esa marca de agua, sino que posteriormente ha quedado publicada en la web institucional del Parlamento Vasco, de manera que cualquier ciudadano puede acceder a ella con la referencia personal y política permanente de la parlamentaria.
Ainhoa Domaica ha denunciado que una solicitud de documentación realizada dentro de su labor parlamentaria haya derivado en una práctica que considera inadmisible, arbitraria e impropia de una institución pública.
La parlamentaria ha subrayado que, en su condición de representante pública, tiene derecho a recabar información del consejero de Seguridad para desarrollar su labor de control, pero no a quedar señalada nominalmente en documentos oficiales de la Ertzaintza que posteriormente son difundidos públicamente.
Desde el Grupo Popular Vasco consideran grave la actuación del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al entender que socava el respeto institucional que debe regir la relación entre el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco y que vulnera la neutralidad exigible a cualquier administración pública por el uso improcedente de recursos institucionales.
Por ello, la parlamentaria popular ha reclamado la retirada inmediata de los documentos publicados con esa marca de agua, así como la remisión de la documentación en su formato original sin referencias personales ni políticas.
Asimismo, ha solicitado la adopción de medidas que eviten que un hecho de esta naturaleza vuelva a repetirse, y ha exigido una explicación sobre quién ordenó incorporar esa marca de agua y con qué criterio se realizó.
“Ningún representante público puede verse expuesto de esta manera por ejercer un derecho parlamentario básico”, ha concluido Ainhoa Domaica.