El diputado del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Ignacio Arcas, ha anunciado el registro de una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Educación y Formación Profesional para exigir explicaciones sobre la utilización del IES Ibáñez Martín de Lorca el pasado 10 de mayo en actividades relacionadas con el proceso extraordinario de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según informaron distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales, centenares de personas acudieron desde primeras horas de la mañana al instituto lorquino, donde asociaciones y voluntarios coordinaban la atención en las pistas deportivas y el patio del centro educativo.
Las informaciones publicadas señalaban además que más de un millar de inmigrantes podrían pasar a lo largo de la jornada por este dispositivo habilitado en Lorca para la tramitación de certificados de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización.
Ante estos hechos, VOX considera necesario aclarar qué autoridad o departamento autorizó el uso de un instituto público para desarrollar actividades ajenas a la función educativa del centro.
“No es admisible que un centro educativo público se convierta en una oficina improvisada para trámites vinculados a un proceso de regularización masiva sin que la ciudadanía conozca quién lo ha autorizado”, ha denunciado Ignacio Arcas.
VOX reclama transparencia al Gobierno regional
El parlamentario regional ha subrayado que los ciudadanos tienen derecho a conocer bajo qué criterios se permitió esta actuación y quién asumió la responsabilidad de autorizar el uso de las instalaciones educativas para este tipo de actividades.
“Un instituto es un espacio destinado a la educación de nuestros jóvenes, no un lugar para gestionar procesos administrativos de carácter extraordinario”, afirmó Arcas.
La iniciativa registrada por VOX busca que el consejero de Educación explique de forma detallada si existió autorización oficial, qué entidades participaron en la organización del dispositivo y qué medidas se adoptaron para garantizar el normal funcionamiento del centro educativo.
Desde VOX advierten además de que continuarán fiscalizando cualquier actuación que suponga, a su juicio, un uso inadecuado de instalaciones públicas educativas.
“Vamos a exigir explicaciones claras y por escrito. No vamos a permitir que se utilicen centros educativos para fines que nada tienen que ver con su misión”, concluyó el diputado regional.
VOX mantiene que los centros educativos deben preservarse exclusivamente para funciones docentes y reclama al Ejecutivo regional máxima transparencia sobre cualquier actuación vinculada a procesos de regularización impulsados por el Gobierno central.
