Las Cortes de Aragón han aprobado una iniciativa del Partido Popular para reclamar al Gobierno de España el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 por el Ministerio de Educación para financiar con 200 millones de euros el Plan de Adaptación Climática de los centros educativos.
La propuesta, defendida por la portavoz de Educación del PP en las Cortes de Aragón, Silvia Casas, ha salido adelante pese a la abstención del PSOE, una posición que los populares consideran contradictoria al tratarse de un compromiso anunciado en su día por Pilar Alegría cuando ocupaba la cartera de Educación.
Casas ha criticado que, cuatro años después del anuncio realizado por el Ministerio, los fondos comprometidos continúen sin llegar a las comunidades autónomas.
“El compromiso existió, el dinero se anunció y se cuantificó, pero cuatro años después seguimos sin noticias de esos 200 millones de euros”, ha señalado.
La portavoz popular ha lamentado la falta de avances en un proyecto que debía servir para adaptar los centros educativos a las nuevas condiciones climáticas y mejorar el bienestar de alumnos y docentes.
Asimismo, ha reprochado al PSOE su abstención en una iniciativa que reclama el cumplimiento de un compromiso adquirido por quien hoy lidera el socialismo aragonés.
“Resulta incomprensible que el PSOE ni siquiera respalde aquello que anunció y prometió cuando estaba al frente del Ministerio de Educación”, ha afirmado.
La iniciativa aprobada también reclama que el asunto sea incluido en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Educación para conocer el estado real del plan, el calendario previsto y los mecanismos de financiación destinados a las comunidades autónomas.
Silvia Casas ha defendido que la mejora de las infraestructuras educativas debe ser una prioridad y ha recordado que Aragón continúa avanzando en la modernización de sus centros mientras espera los recursos comprometidos por el Gobierno central.
Por último, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas y garantice la financiación necesaria para adaptar los centros educativos a los desafíos climáticos del futuro.
