Actualidad Política

26 de julio de 2026

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El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha exigido al PSOE y al PNV que “dejen de manosear algo tan importante como la educación” y permitan que las nuevas generaciones “sean libres” para construir su futuro.

En declaraciones a los medios en Bilbao, De los Santos ha denunciado que el actual modelo educativo vasco “ha ido empeorando a cada paso” y que impide a los jóvenes “competir en igualdad de oportunidades” con el resto de estudiantes españoles.

“Esto es un drama en sí mismo”, ha advertido el dirigente popular.

De los Santos ha reprochado que la educación en el País Vasco esté lastrada por “ideas identitarias y excluyentes” y ha criticado que correcciones “subjetivas” en pruebas como la de euskera puedan impedir que alumnos “brillantes” accedan a la carrera universitaria que desean.

El vicesecretario del PP ha acusado al PNV de ir “de la mano de la izquierda de la LOMLOE”, una norma que ha calificado como “la peor ley educativa que ha tenido España”.

Según ha señalado, se trata de “la reforma de la reforma de una ley que cercena el derecho de padres y madres a elegir”, también en ámbitos como la educación especial cuando los hijos tienen características que así lo requieren.

Frente a este modelo, De los Santos ha reclamado una PAU única en toda España, con el mismo calendario, el mismo modelo de examen y “criterios de corrección objetivos”.

El dirigente popular ha aclarado que esta propuesta “en ningún caso borra las particularidades de cada territorio”, ya que los currículos seguirían estando, en un porcentaje, en manos de los gobiernos autonómicos para responder a las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, ha defendido el Distrito Único como una herramienta que ofrece a cualquier alumno, viva donde viva, la posibilidad de optar a una universidad en función de su mérito, su esfuerzo y el trabajo realizado durante su etapa educativa.

El Partido Popular defiende una educación basada en la libertad, el mérito, la igualdad de oportunidades y la calidad, para que ningún estudiante vea limitado su futuro por criterios políticos, ideológicos o territoriales.

Las Cortes de Aragón han aprobado una iniciativa del Partido Popular para reclamar al Gobierno de España el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 por el Ministerio de Educación para financiar con 200 millones de euros el Plan de Adaptación Climática de los centros educativos.

La propuesta, defendida por la portavoz de Educación del PP en las Cortes de Aragón, Silvia Casas, ha salido adelante pese a la abstención del PSOE, una posición que los populares consideran contradictoria al tratarse de un compromiso anunciado en su día por Pilar Alegría cuando ocupaba la cartera de Educación.

Casas ha criticado que, cuatro años después del anuncio realizado por el Ministerio, los fondos comprometidos continúen sin llegar a las comunidades autónomas.

“El compromiso existió, el dinero se anunció y se cuantificó, pero cuatro años después seguimos sin noticias de esos 200 millones de euros”, ha señalado.

La portavoz popular ha lamentado la falta de avances en un proyecto que debía servir para adaptar los centros educativos a las nuevas condiciones climáticas y mejorar el bienestar de alumnos y docentes.

Asimismo, ha reprochado al PSOE su abstención en una iniciativa que reclama el cumplimiento de un compromiso adquirido por quien hoy lidera el socialismo aragonés.

“Resulta incomprensible que el PSOE ni siquiera respalde aquello que anunció y prometió cuando estaba al frente del Ministerio de Educación”, ha afirmado.

La iniciativa aprobada también reclama que el asunto sea incluido en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Educación para conocer el estado real del plan, el calendario previsto y los mecanismos de financiación destinados a las comunidades autónomas.

Silvia Casas ha defendido que la mejora de las infraestructuras educativas debe ser una prioridad y ha recordado que Aragón continúa avanzando en la modernización de sus centros mientras espera los recursos comprometidos por el Gobierno central.

Por último, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas y garantice la financiación necesaria para adaptar los centros educativos a los desafíos climáticos del futuro.

La Comunidad de Madrid extenderá las aulas de Educación Especial a los centros concertados ordinarios, que podrán incorporar unidades específicas para atender a alumnos con necesidades educativas especiales, una medida que reforzará la libertad de elección de las familias y ampliará las opciones educativas disponibles en la región.

Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien ha destacado que esta iniciativa forma parte de la modificación normativa en la que ya trabaja el Gobierno regional para mejorar la escolarización de los alumnos que requieren atención educativa especializada.

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 156 aulas de Educación Especial distribuidas en 60 colegios públicos. Con la nueva regulación, los centros concertados también podrán ofrecer este modelo educativo, ampliando la red de recursos destinados a la inclusión y atención personalizada del alumnado.

“La prioridad es garantizar la libertad de elección de las familias y ofrecer la respuesta educativa más adecuada a las necesidades de cada alumno en el entorno más cercano posible”, ha señalado Zarzalejo.

La reforma persigue favorecer el desarrollo integral de los estudiantes bajo principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y atención individualizada, permitiendo que las familias dispongan de más alternativas educativas adaptadas a las necesidades de sus hijos.

Además, la consejera ha avanzado que el colegio público Cardenal Herrera Oria albergará a partir del curso 2027/2028 la primera Escuela Europea Acreditada de España, una iniciativa pionera que permitirá ofrecer una formación homologada para alumnos procedentes de distintos países de la Unión Europea.

En materia universitaria, Zarzalejo también ha presentado el programa Madrid Campus 365, que abrirá este verano 38 colegios mayores para acercar la oferta universitaria madrileña a estudiantes nacionales e internacionales mediante actividades formativas, culturales y de orientación académica.

La consejera ha aprovechado su intervención para poner en valor las políticas educativas impulsadas por el Gobierno regional, entre ellas la inversión de 1.500 millones de euros en becas y ayudas al estudio desde 2019, la incorporación de más de 10.000 docentes al sistema educativo público y el acuerdo de financiación de las universidades públicas madrileñas dotado con 14.800 millones de euros hasta 2031.

Asimismo, ha destacado que el 94,5% de las familias madrileñas han conseguido plaza para sus hijos en el centro elegido como primera opción para el próximo curso.

“La Comunidad de Madrid seguirá apostando por una educación basada en la libertad, la excelencia y la igualdad de oportunidades para todos los alumnos”, ha concluido.

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha reivindicado el compromiso del Consell con la educación pública y ha contrapuesto el actual clima de movilizaciones impulsado por determinados colectivos sindicales y asociaciones de familias con la histórica inversión educativa recogida en los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Gascó ha señalado que la Comunitat Valenciana contará el próximo año con la mayor inversión en educación de su historia, una apuesta que permitirá seguir mejorando las condiciones del profesorado, reforzar la inclusión educativa y modernizar las infraestructuras escolares.

“Resulta llamativo el cambio de escenario. Durante los años del Botànic existían importantes carencias estructurales que no recibían respuesta y, sin embargo, no se producía el nivel de conflictividad que estamos viendo ahora”, ha afirmado.

La diputada popular ha destacado que el Consell ha incorporado medidas de gran calado para fortalecer el sistema educativo valenciano, entre ellas mejoras salariales para los docentes, la incorporación de más de 800 especialistas destinados a reforzar la inclusión educativa, la ampliación de la oferta de Formación Profesional y nuevas inversiones en infraestructuras.

“Estamos impulsando medidas que sitúan a la Comunitat Valenciana a la vanguardia educativa nacional y que mejorarán tanto las condiciones del profesorado como la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos”, ha explicado.

Gascó ha subrayado además que el nuevo plan de infraestructuras educativas incorpora por primera vez actuaciones específicas en materia de confort térmico y accesibilidad integral, respondiendo a demandas históricas de la comunidad educativa.

La portavoz popular ha lamentado que, pese al esfuerzo inversor y a las mejoras planteadas por la Conselleria de Educación, algunos colectivos mantengan posiciones de bloqueo en las mesas de negociación.

“Es evidente que hoy existen recursos, inversiones y soluciones que no se ofrecieron durante años. Sin embargo, hay quienes prefieren alimentar la confrontación antes que reconocer los avances que se están produciendo”, ha señalado.

En este sentido, Gascó ha denunciado el uso político de la educación por parte de determinados sectores.

“Es inaceptable utilizar la educación como herramienta de desgaste político contra el Consell en lugar de trabajar por la mejora real del sistema educativo valenciano”, ha afirmado.

La portavoz del GPP ha querido diferenciar entre las reivindicaciones legítimas de docentes y profesionales de la educación, a quienes ha mostrado su respeto, y las actuaciones protagonizadas por quienes, a su juicio, persiguen objetivos partidistas.

“Estas actitudes no representan a la inmensa mayoría del profesorado valenciano, cuya vocación y compromiso están fuera de toda duda. Es importante distinguir entre las reivindicaciones legítimas y quienes buscan instrumentalizar la educación con fines políticos”, ha concluido.

El Ayuntamiento de Sevilla y el Foro Rey Fernando III han puesto en marcha una nueva edición de su programa educativo para acercar la figura de San Fernando a las aulas sevillanas. La iniciativa, que se desarrolla con motivo de la celebración del Día de San Fernando el próximo 30 de mayo, prevé alcanzar este año a cerca de 30.000 alumnos, una cifra que multiplica ampliamente los aproximadamente 8.000 escolares que participaron en la primera edición.

Los centros educativos de la ciudad ya están recibiendo la información necesaria para solicitar los materiales didácticos elaborados específicamente para esta conmemoración, consolidando una línea de trabajo impulsada por el Ayuntamiento con el asesoramiento del Foro Rey Fernando III.

Según explicó Víctor García Moreno, presidente del Foro Rey Fernando III, el objetivo es que la figura de Fernando III “tenga una presencia real en la vida escolar de Sevilla, no solo como referencia histórica, sino también como parte de la memoria cívica y cultural de la ciudad”.

La propuesta incluye materiales adaptados a cada etapa educativa. Para Infantil y los primeros cursos de Primaria se distribuirá un cómic ilustrado con escenas emblemáticas de la vida de San Fernando. Los alumnos de cursos intermedios trabajarán con recortables históricos relacionados con la conquista de Sevilla, mientras que los estudiantes de los cursos superiores dispondrán de guías didácticas y rutas históricas vinculadas a la presencia fernandina en la ciudad.

Desde el Foro Rey Fernando III valoran especialmente la continuidad de esta colaboración institucional. Jesús Herrera destacó que uno de los objetivos de la entidad es divulgar la figura, la obra y el legado de San Fernando, mientras que Jorge Hernández subrayó que acercar esta conmemoración a los centros educativos permite reforzar el vínculo de los jóvenes con la historia de Sevilla.

La iniciativa ha sido desarrollada en coordinación con el área de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, tras diversas reuniones de trabajo entre representantes municipales y miembros del Foro Rey Fernando III. Ambas partes han mostrado su voluntad de mantener y ampliar esta colaboración durante los próximos años.

Además de la campaña educativa, el Foro trabaja ya en nuevas propuestas para reforzar la presencia de San Fernando en la vida cultural de la ciudad. Entre ellas figuran proyectos como rutas históricas señalizadas mediante códigos QR, actividades culturales, exposiciones, iniciativas turísticas y diversas acciones destinadas a consolidar el 30 de mayo como una fecha destacada en el calendario sevillano.

Para el Foro Rey Fernando III, el objetivo final es claro: que San Fernando ocupe el lugar que le corresponde en la vida cultural, escolar y pública de Sevilla por su relevancia histórica y por el legado que dejó a la ciudad.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el compromiso del Consell con la educación a través de unos presupuestos que superarán los 8.000 millones de euros destinados a esta área estratégica para la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha subrayado que las cuentas autonómicas incluirán “un importante aumento” de la inversión en infraestructuras educativas, con cerca de 400 millones de euros destinados a mejorar y modernizar los centros escolares valencianos.

La Generalitat refuerza la inversión en infraestructuras y climatización educativa

El president ha explicado que parte de esta inversión irá dirigida al plan de climatización de los centros educativos, una de las actuaciones prioritarias impulsadas por el Consell para mejorar las condiciones en las aulas.

Asimismo, ha señalado que los presupuestos contemplarán el incremento retributivo para maestros y profesores en base al acuerdo alcanzado con el sector educativo.

“Hay un compromiso firme de la Generalitat Valenciana para atender una de las necesidades más importantes de nuestra comunidad, que es la educación, y no solo con palabras, sino también con hechos”, ha afirmado.

La Generalitat apuesta por una educación con más recursos y mejores instalaciones

Desde el Consell destacan que estas inversiones permitirán modernizar infraestructuras, mejorar servicios educativos y seguir reforzando la calidad del sistema educativo valenciano.

El Gobierno valenciano reafirma así su apuesta por una educación pública de calidad, con más recursos, mejores instalaciones y un mayor reconocimiento para docentes y profesionales de la enseñanza.

El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo, ha defendido el nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las universidades públicas madrileñas, asegurando que representa “un compromiso histórico” para mejorar la educación superior en la región.

Brabezo ha destacado que el convenio contempla una inversión de 14.500 millones de euros para los próximos seis años, aunque ha subrayado que “lo más importante no es solo el presupuesto”.

“Lo más relevante es que los seis rectores de universidades públicas se han puesto de acuerdo, se han comprometido y han impulsado conjuntamente medidas para mejorar la universidad madrileña”, ha afirmado.

El parlamentario popular ha criticado la actitud de la izquierda, acusándola de intentar “pisotear esos acuerdos” pese a haber sido consensuados recientemente con los máximos responsables académicos.

“Desde la izquierda pretenden decir que ellos lo harían mucho mejor y que los rectores no tienen suficiente conocimiento. Eso es una falta de respeto absoluta hacia las universidades públicas madrileñas”, ha señalado.

Asimismo, Brabezo ha recordado que el acuerdo fue firmado el pasado mes de febrero, por lo que ha cuestionado que la oposición intente desacreditar un consenso “alcanzado hace apenas unos meses”.

“Estamos hablando de un acuerdo reciente, sólido y respaldado por las universidades públicas madrileñas”, ha insistido.

El diputado del PP ha reivindicado el compromiso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la educación superior, la estabilidad financiera de las universidades y la mejora de la calidad académica en la Comunidad de Madrid.

El Partido Popular de Madrid defiende una universidad pública fuerte, moderna y basada en el consenso institucional, la inversión y la excelencia académica frente a la confrontación ideológica de la izquierda.

El Grupo Parlamentario Popular ha llevado al Senado una iniciativa para proteger a más de 300.000 alumnos con necesidades educativas especiales que requieren apoyos intensivos, entornos específicos y profesionales cualificados, frente al abandono del Gobierno y la falta de recursos tras la implantación de la LOMLOE.

La moción, defendida por los senadores Rosa Romero y Joaquín Camacho, tiene como objetivo “blindar los centros de educación especial” y garantizar una inclusión real, efectiva, especializada y humana, poniendo en el centro el interés superior del menor.

La senadora Rosa Romero ha subrayado que estos alumnos “requieren apoyos intensivos, entornos específicos y profesionales cualificados”, defendiendo que la verdadera inclusión pasa por ofrecer distintas alternativas educativas y garantizar la libertad de elección de las familias. “La inclusión no es imponer un modelo único”, ha señalado.

En este sentido, el Partido Popular advierte de que, tras la aprobación de la LOMLOE, miles de familias viven con incertidumbre. “Esta ley supone un ataque a los centros de educación especial, pretende arrinconarlos y condenarlos al cierre; esto no es inclusión, es imposición”, ha afirmado Romero.

El Partido Popular defiende una política educativa basada en la escucha activa a familias, docentes y profesionales, frente a lo que considera una legislación alejada de la realidad. En este contexto, recuerda las jornadas celebradas en el Senado, donde expertos y familias coincidieron en la necesidad de mantener entornos especializados para atender adecuadamente a estos alumnos.

Por su parte, el senador Joaquín Camacho ha denunciado la falta de recursos y la inacción del Gobierno. “Seis años después de la LOMLOE estamos peor en la atención a estos alumnos”, ha afirmado, señalando que los centros no cuentan con los medios necesarios para garantizar apoyos adecuados.

Ante esta situación, el Partido Popular propone un conjunto de medidas que incluyen la modificación de la legislación vigente, la derogación de disposiciones que ponen en riesgo la educación especial y el refuerzo de recursos, con el objetivo de garantizar una educación de calidad, personalizada y adaptada a cada alumno.

Entre las propuestas destacan garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias, reforzar la atención temprana, mejorar la financiación, ampliar la edad de escolarización en centros de educación especial y asegurar que estos centros mantengan su función esencial.

El Partido Popular reafirma así su compromiso con una educación inclusiva que respete la diversidad, sume modelos y garantice el desarrollo pleno de cada alumno.

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