El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla defenderá en el próximo Pleno ordinario una propuesta de acuerdo para condenar los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y reclamar la convocatoria inmediata de elecciones generales.
La iniciativa plantea que el Ayuntamiento exprese su rechazo a los escándalos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, a dirigentes socialistas y a su entorno político y personal, al considerar que están provocando una grave crisis de confianza institucional.
VOX sostiene que España atraviesa un proceso de deterioro político, económico e institucional que exige una respuesta democrática inmediata y que sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas el futuro del país.
La propuesta también pone el foco en el impacto que, según la formación, algunos de estos casos han tenido sobre la ciudad de Sevilla. En concreto, VOX señala la paralización de las obras del Puente del Centenario, una infraestructura estratégica para la movilidad, la actividad logística y el desarrollo económico de la capital andaluza.
Por ello, el grupo municipal plantea una condena expresa de las presuntas irregularidades investigadas en torno a contratos de obra pública y solicita al Ministerio de Transportes que impulse nuevas inversiones compensatorias para Sevilla que permitan paliar los perjuicios ocasionados por los retrasos y la paralización de estas actuaciones.
La formación considera que la situación política actual exige recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar una gestión pública basada en la transparencia, la responsabilidad y el interés general.
Asimismo, VOX reclama que el Pleno del Ayuntamiento manifieste la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales para que los españoles puedan pronunciarse democráticamente sobre la situación política del país.
“La gravedad de los hechos conocidos y el deterioro institucional que atraviesa España hacen imprescindible devolver la palabra a los ciudadanos”, sostiene la propuesta.
VOX concluye que la prioridad debe ser garantizar gobiernos comprometidos con la transparencia, la buena gestión de los recursos públicos y la defensa de los intereses generales de los españoles.
