Actualidad Política

8 de julio de 2026

Rocío Albert acusa al Gobierno de Sánchez de condenar a las comunidades al incumplimiento.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert ha denunciado este lunes, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el Gobierno central ha vuelto a utilizar este órgano “como un trampantojo más” para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Albert ha lamentado que el Ejecutivo convoque a las comunidades autónomas “por mero trámite” y no con la voluntad real de abordar los problemas de financiación, gasto público y estabilidad presupuestaria que afectan al conjunto del país.

“Es desolador ver cómo nos reúnen por mero trámite y no para hacer avanzar a España”, ha señalado Albert, que ha criticado que las propuestas presentadas para 2027 responden más a una estrategia política del presidente del Gobierno que a una planificación económica seria.

En este sentido, ha advertido de la incoherencia de los planteamientos trasladados por el Ejecutivo central. “Para el año 2027 se establece un incremento del 5% del salario de los funcionarios públicos, mientras que el techo de gasto es del 4%. ¿Cómo lo hacemos las comunidades autónomas si ya sabemos que va a haber incumplimiento?”, ha preguntado.

Albert ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a trasladar incertidumbre a las comunidades autónomas, sin ofrecer soluciones reales ni un marco económico creíble. A su juicio, lo presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera “es solo una tapadera, una cortina de humo para tratar de pasar de pantalla y tapar la corrupción institucional a la que nos tiene sometidos el Gobierno central”.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo utilice este tipo de reuniones para preparar “el programa electoral del señor Sánchez” y para contentar a sus socios independentistas, en lugar de trabajar por una financiación justa, transparente y responsable para todos los españoles.

El Partido Popular defiende una política fiscal seria, una financiación autonómica basada en criterios objetivos y un modelo institucional que respete a las comunidades autónomas, garantice la igualdad entre españoles y ponga fin al uso partidista de los órganos de coordinación del Estado.

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