VOX ha anunciado una ofensiva política y judicial contra las políticas de movilidad desarrolladas por el Área Metropolitana de Barcelona y diferentes ayuntamientos de la provincia.
La formación presentará alegaciones contra el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030 y prepara recursos contencioso-administrativos frente a las Zonas de Bajas Emisiones de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat del Vallès.
El PMMU fue aprobado inicialmente por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona el 28 de abril de 2026. El documento establecerá la estrategia y las políticas de movilidad metropolitana hasta 2030 y servirá como referencia para los planes municipales de los 36 municipios que integran el organismo.
VOX presenta alegaciones contra el PMMU
El portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha calificado el nuevo plan de movilidad como un «rodillo ideológico» destinado a incrementar las restricciones sobre el vehículo privado.
La formación sostiene que las medidas previstas perjudicarán especialmente a los autónomos, comerciantes, repartidores y familias trabajadoras que necesitan utilizar sus vehículos en sus desplazamientos cotidianos.
VOX cuestiona también que el plan se apoye en infraestructuras futuras cuya financiación, según denuncia, no estaría suficientemente garantizada.
Las alegaciones planteadas por la formación incluyen críticas relacionadas con la autonomía municipal, la documentación empleada durante la tramitación y la ausencia, a juicio de VOX, de un estudio económico suficientemente detallado sobre las consecuencias de las restricciones.
De Oro considera que el PMMU no responde únicamente a criterios técnicos, sino que pretende consolidar un modelo de movilidad contrario a la libertad de circulación y a las necesidades reales de una parte importante de la población.
Recursos contra siete Zonas de Bajas Emisiones
Paralelamente, VOX ha anunciado que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para recurrir las Zonas de Bajas Emisiones implantadas en siete municipios barceloneses.
La formación sostiene que las ordenanzas carecen de una justificación técnica, ambiental y socioeconómica suficiente y que no evalúan adecuadamente las consecuencias para los ciudadanos con menor capacidad económica.
VOX considera que estas restricciones son «profundamente clasistas» porque afectan especialmente a quienes poseen vehículos antiguos y no disponen de recursos para adquirir uno nuevo.
Según la formación, las ZBE penalizan a las rentas medias y bajas, dificultan los desplazamientos laborales y pueden perjudicar al comercio de proximidad y a las pequeñas empresas.
Antecedentes judiciales sobre las ZBE
VOX ha recordado que los tribunales ya han anulado anteriormente ordenanzas relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones.
En julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la ordenanza común aplicada en Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y L’Hospitalet de Llobregat. La resolución apreció deficiencias, entre otras cuestiones, en la justificación de determinadas restricciones y en el análisis de sus efectos.
La formación considera que estos precedentes respaldan la necesidad de examinar judicialmente las nuevas ordenanzas municipales, aunque cada recurso deberá resolverse atendiendo a la regulación y documentación concreta de cada ayuntamiento.
Garriga promete mantener la ofensiva
El presidente de VOX Barcelona, Joan Garriga, ha anunciado que su partido mantendrá su oposición a este modelo de movilidad tanto en las instituciones como en los tribunales y en las calles.
«Mientras el resto de los partidos compite por ver quién prohíbe más y quién asfixia más a los ciudadanos, nosotros defenderemos la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la prosperidad de los españoles corrientes», ha afirmado.
Garriga ha asegurado que VOX «no va a dar ni un paso atrás» y que actuará en todos los ámbitos posibles para intentar frenar unas políticas que considera perjudiciales para los trabajadores y las familias.
La formación se compromete a acompañar a los autónomos, comerciantes y ciudadanos afectados por las restricciones y a trasladar su rechazo a los plenos municipales, al Área Metropolitana y a los órganos judiciales.
Defensa de la libertad de circulación
VOX sostiene que la mejora de la calidad del aire debe abordarse mediante alternativas que no conviertan al vehículo privado en el principal objetivo de las políticas públicas.
La formación reclama mejores conexiones de transporte público, infraestructuras suficientes y medidas que permitan renovar progresivamente el parque móvil sin imponer prohibiciones que perjudiquen a quienes dependen del coche para trabajar.
«Vamos a dar la batalla en las instituciones, en los tribunales y en las calles, al lado de los autónomos, de las familias trabajadoras y de todos aquellos ciudadanos que se niegan a que les arrebaten sus derechos», ha concluido Garriga.
