El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha acusado al Gobierno de Salvador Illa de tolerar y normalizar la ocupación ilegal al no recuperar con rapidez las viviendas públicas afectadas.
“El Gobierno de Illa se ha convertido en el mayor patrocinador de la okupación en España”, ha afirmado Fernández, quien ha aclarado que esta acusación responde a la falta de actuación y resultados de la Generalitat.
Según ha señalado, el Ejecutivo catalán reconoce que cerca de 1.200 viviendas públicas, más del 5 % del parque que gestiona, se encuentran ocupadas ilegalmente.
La Generalitat traslada el problema a los ayuntamientos
Fernández ha criticado que, en lugar de recuperar estos inmuebles para las familias inscritas legalmente en las listas de espera, la Generalitat solicite la intervención de los servicios sociales municipales.
“Pasa la patata caliente a los alcaldes, que deben destinar recursos humanos, tiempo y dinero a gestionar una situación que la Generalitat nunca debió permitir”, ha denunciado.
El dirigente popular ha defendido que los servicios sociales municipales deben concentrarse en atender a las familias vulnerables, las personas mayores, la infancia, la dependencia y quienes atraviesan dificultades económicas.
“Cada hora y cada euro destinados a gestionar una ocupación ilegal se restan a quienes realmente necesitan atención”, ha advertido.
Prioridad para quienes cumplen la ley
Juan Fernández ha señalado que mantener viviendas sociales ocupadas ilegalmente perjudica directamente a las familias que llevan años esperando una adjudicación conforme a las normas.
“No podemos trasladar a los ciudadanos el mensaje de que ser honrado sale peor que saltarse la ley”, ha afirmado.
El PPC reclama que la Generalitat informe sobre cuántas viviendas ha recuperado, cuántos procedimientos ha iniciado y cuánto tiempo permanecen los inmuebles fuera de su función social.
Fernández ha citado situaciones en Cerdanyola y Vilanova del Camí como ejemplos de la falta de respuesta y ha alertado de la presión que esta política genera sobre los ayuntamientos y sus servicios sociales.
El Partido Popular de Cataluña defiende que las viviendas públicas deben destinarse exclusivamente a quienes las necesitan y acceden a ellas legalmente, y exige al Gobierno de Illa que asuma sus competencias y actúe desde el primer momento.
“Quien cumple la ley debe tener siempre prioridad sobre quien la incumple”, ha concluido.
