La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Candela Anglés, ha acusado al PSPV de querer regresar a la “parálisis del Botànic” en materia de vivienda protegida y de utilizar “cálculos interesados” que, a su juicio, no reflejan la realidad del mercado de VPP en la Comunitat Valenciana.
Anglés ha defendido la actualización aprobada por el Consell como una medida “moderada y responsable” destinada a garantizar que la construcción de vivienda protegida continúe siendo viable.
“Lo que hace el Consell no es encarecer artificialmente la vivienda protegida, sino actualizar su techo máximo de venta para que siga siendo viable construir VPP”, ha señalado.
Una actualización por debajo del aumento de los costes
La diputada popular ha explicado que los costes de construcción han aumentado un 21,79% desde diciembre de 2024, por lo que considera necesario adaptar el módulo para evitar que las promociones de vivienda protegida dejen de ser económicamente viables.
Según Anglés, la medida cuenta además con el respaldo técnico de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València.
La portavoz del GPP ha advertido de que congelar los precios máximos mientras aumentan los costes puede provocar que dejen de impulsarse nuevas promociones.
“Si no se actualiza el módulo conforme a los costes reales, lo que ocurre es precisamente lo que ya vivimos con el Botànic: se paraliza la construcción de vivienda protegida”, ha afirmado.
Anglés acusa al Botànic de haber congelado durante años el módulo
La portavoz popular ha recordado que el anterior Ejecutivo mantuvo prácticamente congelado el módulo durante años mientras los costes de construcción continuaban aumentando.
Anglés sostiene que esta política terminó provocando una “auténtica parálisis” de la vivienda protegida entre 2013 y 2023.
Asimismo, ha recordado que el propio Botànic aprobó, en los últimos días de la legislatura de 2023, una actualización que llegó hasta el 81,40% en determinados municipios, después de años de desfase acumulado.
“Es muy fácil hacer política de titular diciendo que una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta determinada cantidad y calcular después una hipoteca teórica”, ha señalado.
Anglés ha insistido en que se trata de precios máximos y que existen distintas tipologías y regímenes de vivienda protegida.
“Los datos desmontan el relato del PSPV”
La portavoz de Vivienda ha reivindicado los datos registrados desde la puesta en marcha de las nuevas políticas del Consell.
Las solicitudes de calificación provisional pasaron de 534 en diciembre de 2024 a 1.099 durante todo 2025 y a 1.588 únicamente durante el primer semestre de 2026.
Esta última cifra supera ya en 489 solicitudes el conjunto de las registradas durante todo 2025.
“Los datos de actividad de la vivienda protegida demuestran exactamente lo contrario de lo que afirma el PSPV”, ha defendido Anglés.
Más de 4.800 viviendas protegidas activadas con el Plan Vive
Candela Anglés ha señalado que desde la puesta en marcha del Plan Vive se han activado más de 4.800 viviendas protegidas.
La cifra supera las 6.500 viviendas si se incorporan las solicitudes de calificación correspondientes a promociones de iniciativa privada.
“Estos datos evidencian que cuando se genera seguridad jurídica, se facilita la promoción y se adapta el módulo a la realidad de los costes, la oferta de vivienda protegida crece”, ha afirmado.
Un déficit estimado de 142.000 viviendas
Anglés ha recordado que la Comunitat Valenciana presenta un déficit estimado de unas 142.000 viviendas, una situación que, a juicio del PP, obliga a incrementar la oferta y facilitar nuevas promociones.
La portavoz popular ha defendido que el objetivo debe ser aumentar la disponibilidad de vivienda protegida para jóvenes y familias.
“Lo que necesita una familia valenciana es que haya vivienda protegida disponible, no que el PSPV vuelva a imponer un modelo que durante años fue incapaz de generar oferta”, ha concluido.
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana defiende una política de vivienda basada en el aumento de la oferta, la seguridad jurídica y la colaboración con el sector para facilitar el acceso de jóvenes y familias a una vivienda.
