Entrevistamos a Rubén Martínez Alpañez, portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, para abordar la llegada de inmigrantes ilegales a las costas murcianas, el papel de las mafias, los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y qué ocurre con quienes consiguen desembarcar y entrar en territorio español.
Durante la conversación, Martínez Alpañez también pone el foco en la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y en las responsabilidades que, a su juicio, puede asumir el Ejecutivo regional de Fernando López Miras. Además, explica qué medidas impulsaría VOX si llega al Gobierno de la Región de Murcia tras las elecciones de 2027.
En apenas unos días Murcia ha encadenado varios desembarcos de lanchas rápidas con decenas de inmigrantes. ¿Estamos ante hechos aislados o las mafias han consolidado ya una nueva ruta estable hacia la costa murciana?
Efectivamente, la mafia han consolidado una ruta, la ruta de la esclavitud, la ruta de la inmigración ilegal. La ruta de las mafias está establecida con la Región de Murcia.
Temporalmente utilizaron Baleares para ello, pero vuelven a la Región de Murcia ante la inacción del Gobierno nacional y ante la incapacidad de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado.
¿Esa ruta de la esclavitud está más consolidada que nunca?
Si estas lanchas son detectadas cuando se aproximan a la costa, ¿por qué no se consigue interceptarlas antes de que desembarquen? ¿Estamos ante falta de medios, órdenes políticas o un sistema que simplemente está desbordado?
La realidad es que es un mix entre todas esas causas. El SIVE, por ejemplo, no funciona. Existe una clara falta de medios para la fuerza y cuerpos de seguridad. Tanto el Ejército, por un lado, pero especialmente Guardia Civil y Policía Nacional, no cuentan con medios suficientes como para poder frenar la llegada de patera.
Y, efectivamente, podemos definirlo como órdenes políticas, en tanto en cuanto que sí se pueden hacer acciones legislativas para endurecer toda la tramitación, toda vez que desembarca en las costas de España, para endurecer y facilitar también que los fuerzas y cuerpos de seguridad puedan ser más contundentes, intentando prever que esta mafia lleguen y desembarquen en la costa murciana.
Y lo que tenemos es un Gobierno incapaz, un Gobierno que, desbordado por su incapacidad, ha vendido España por mantenerse en La Moncloa.
Las lanchas llegan, desembarcan y muchos desaparecen rápidamente del lugar. ¿Quién los está esperando en tierra? ¿Acaban en recursos de acogida, se quedan en Murcia o continúan hacia otras comunidades y Europa? ¿Existe una segunda parte del negocio de las mafias que no termina en la playa, sino que incluye transporte, alojamiento y contactos para seguir moviéndolos por España?
La realidad es que los ilegales campan a sus anchas por todo el territorio nacional.
Tenemos varios perfiles. Hay, podemos comprobar cómo los parques de la ciudad de Cartagena están llenos de inmigrantes ilegales que han establecido allí su residencia, por decirlo de alguna forma.
Esa segunda parte a la que se hace referencia del negocio de las mafias tiene nombre y apellido, que son las ONGs que facilitan la inmigración ilegal y que apoyan la inmigración ilegal.
¿Existe un negocio en torno a la inmigración ilegal que está haciendo que se enriquezca?
Muchísimas ONGs que están vendiendo nuestro país. Algunos querrán, como principalmente la ruta que viene de Argelia a las costas murcianas, querrán seguir su viaje hasta Francia.
Otros son esclavizados en redes de trabajo, de explotación de trabajo o en redes de prostitución, etcétera.
Lo que está claro es que lo que no podemos hacer es perderle la pista por completo a los ilegales toda vez que llegan a España.
¿Sabemos realmente cuántas personas están entrando por la costa murciana? Porque una cosa es contar a quienes localiza la Guardia Civil y otra a quienes desembarcan, se dispersan y nadie llega a identificar. ¿Puede haber inmigrantes entrando en Murcia sin quedar registrados por ninguna autoridad? ¿Y quién responde si después desaparecen del radar?
Lo que podemos confirmar es que estamos ante una ruta de las mafias que, este año, este año 2026, ya han entrado a la Región de Murcia más de 3.000 ilegales por nuestras costas.
Este último mes han entrado unos 300 y la única diferencia es que lo han hecho a plena luz del día, en verano y con todas nuestras playas, pues, llenas de familias, de gente que iba a disfrutar sus vacaciones. Y por eso ahora algunos se rasgan las vestiduras.
Pero, al menos, al menos 3.000 han entrado por nuestras costas en este año 2026.
De todas formas, no podemos saber si, efectivamente, hay algunos que han entrado de manera incontrolada y no han sido capaces de localizarlo a través de los mecanismos que tenemos porque, como ya he dicho anteriormente, el SIVE no funciona.
Y, si me pregunta quién responde después, si desaparecen del radar, pues no responde absolutamente nadie. Pero sí podemos confirmar quién lo sufre, y lo sufren nuestras hijas, nuestros hijos, cuando son violados, cuando son atacados, cuando son robados en el parque, paseando por la calle o cuando van simplemente a algún lugar de ocio.
Estamos hartos ya de ver titulares en los que un inmigrante ilegal ataca a nuestras hijas, ataca a nuestras ancianas, tiran por el suelo a nuestros mayores para robarle todo lo que llevan. No sabemos quién responde, pero sí quién lo sufre.
Una vez que sí son localizados por las autoridades, ¿qué ocurre exactamente? ¿Quién los identifica, dónde son trasladados y cuánto tiempo permanecen bajo control policial antes de quedar en libertad o iniciarse un procedimiento de devolución
Lo que tenemos es, claramente, una falta de medio por parte de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado para hacer lo que tienen que hacer y, lógicamente, una legislación que actúa en contra de los intereses de todos los españoles.
La fuerza y cuerpos de seguridad del Estado identifican, lógicamente, a todo el que llega y aquí ya es donde entra el propio negocio de la mafia.
Ellos ya saben lo que tienen que decir. Los inmigrantes ilegales, la mayoría, solicitan asilo. Ya tienen a la ONG esperando para recibirlo y llevarlo. Si no son acogidos en uno de estos centros que está montando a lo largo y ancho de España el Gobierno de Pedro Sánchez, pues lo llevan a piso de propiedad de la ONG o bien, incluso, los montan —han llegado a montarlo— en un autobús y a trasladarlo a otras comunidades autónomas, a otras regiones, para que no se mucho que están entrando de manera desbordada en nuestra región.
Es, sin duda alguna, un disparate, porque no puede hacerse lo que necesitamos en España, que es, efectivamente, iniciar el proceso de devolución y devolverlo, efectivamente, a sus países.
Si muchos no tienen intención de quedarse en Murcia, ¿se ha convertido la Región simplemente en una puerta de entrada hacia Madrid, Cataluña, Francia u otros países europeos? ¿Sabe la Administración cuál es su destino final?
La intención verdadera de si es quedarse en Murcia o trasladarse es, en principio, irrelevante, porque lo que sí sabemos es que la verdadera intención es que vienen a aprovecharse de nuestro Estado del bienestar, vienen a enriquecerse, a mantenerse sin trabajar, todo lo contrario de lo que han hecho nuestros padres, de lo que han hecho nuestros familiares, nuestros antepasados, que están toda la vida trabajando, pagando impuestos para mantener el Estado del bienestar que tenemos, y vienen a aprovecharse de él.
Lo que está claro es que, con la autopista de la inmigración ilegal que está promoviendo Pedro Sánchez en nuestro país, nuestras calles, nuestros barrios, todas nuestras ciudades, sin excepción, son cada vez más inseguras.
En algunas embarcaciones también llegan menores. ¿Qué ocurre con ellos desde ese momento? ¿Termina la Región de Murcia asumiendo tutela, plazas y costes de una situación provocada por una frontera cuya competencia corresponde al Estado?
Aquí hay que matizar que la gran mayoría de los que dicen que son menores resulta que no lo son.
Vienen hasta incluso con un manual de instrucciones en el que tienen que alegar que son menores para que no los expulsen y para que lo acojan definitivamente aquí, en la Región de Murcia.
El Gobierno regional acoge a esos supuestos menores, los aloja en cualquier centro de estos, de que tienen un chalet, si tienen algunos centros especializados para acoger a este tipo de personas, y le dedican aproximadamente unos 4.800 euros al mes para su mantenimiento.
En vez de iniciar el procedimiento de búsqueda de sus familiares y devolución a su país, acoge a cada uno de los que dicen que son menores.
López Miras culpa constantemente al Gobierno de España, pero ¿puede hacer más desde la Región de Murcia de lo que está haciendo? ¿Qué competencias, recursos o mecanismos autonómicos tiene a su alcance y no está utilizando?
El Gobierno de la Región de Murcia, el Gobierno del Partido Popular, no está haciendo nada, nada de lo que es su competencia para reducir, para eliminar la inmigración ilegal.
Todas las actuaciones que realiza el Gobierno regional favorecen el efecto llamada de la inmigración ilegal.
Podemos ver cómo allí donde está gobernando VOX, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y también en Andalucía, se están empezando a implementar medidas que no favorecen la inmigración ilegal.
Medidas para eliminar ese efecto llamada, como la eliminación de subvenciones a ONG, como el inicio de la tramitación de expedientes de devolución, sí, expedientes de devolución a sus países, que tenemos la competencia, a través de la formalización de convenios, de realizarlo desde las comunidades autónomas.
Otras comunidades autónomas lo han hecho y la Región de Murcia no está haciendo absolutamente nada.
Están reaccionando ahora, como he dicho anteriormente, simple y llanamente porque han llegado las pateras a plena luz del día, con las playas llenas. Pero pueden hacer muchas cosas.
VOX reclama expulsiones inmediatas para quienes hayan entrado ilegalmente. Pero una cosa es abrir un expediente y otra ejecutar la devolución. ¿Qué tendría que cambiar para que una entrada irregular no termine convirtiéndose en una permanencia indefinida en España?
Lo más importante a cambiar en nuestro país es al presidente más indecente y corrupto y traidor que hemos tenido en España, Pedro Sánchez.
Desde VOX, nuestro presidente, Santiago Abascal, ha solicitado que el Congreso de los Diputados ponga en marcha el artículo 102 de la Constitución española y se juzgue a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno por traición.
No están haciendo absolutamente nada.
Necesitamos militarizar la frontera. Necesitamos dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios necesarios para disuadir la entrada de narcolancha, de ilegales, de taxi patera a las costas de la Región de Murcia y de toda España.
La mafia, los robos, las violaciones, la inmigración ilegal campa a sus anchas por nuestro país por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por lo tanto, hay que quitar a Pedro Sánchez, ponerlo a disposición judicial a la mayor brevedad posible y, a partir de ahí, iniciar todos los trámites legislativos para bloquear y garantizar nuestra frontera, para iniciar la devolución, la expulsión de todos y cada uno de los que entran ilegalmente y, a partir de ahí, consolidar el país que todos queremos.
VOX ha estado dentro del Gobierno regional. Si vuelve a entrar en 2027 con capacidad real de decisión, ¿qué cambiaría desde el primer día respecto a lo que estamos viendo ahora en las costas murcianas?
Pues, efectivamente, tal y como podemos comprobar allí donde está gobernando VOX en otras regiones de España, VOX no colabora con la inmigración ilegal e implementa todas las medidas necesarias para que no se favorezca la inmigración ilegal.
Ante todo, prioridad nacional, los españoles primero. No podemos estar toda la vida trabajando, toda la vida intentando formar una familia, toda la vida pagando impuestos y que luego el dinero se lo lleven las ONG que financian la inmigración ilegal.
Hay que cortar el grifo de la financiación de la inmigración ilegal.
Ya nos salimos en 2024 de los Gobiernos, precisamente por la actitud del Partido Popular de favorecer la inmigración ilegal y de colaborar estrechamente con el corrupto Pedro Sánchez en la financiación de la inmigración ilegal.
Y lo que tenemos que hacer desde las regiones, desde las comunidades autónomas, es implementar todas las medidas que existen. Mucho margen. Todas las medidas necesarias para minimizar, para reducir, para eliminar completamente ese efecto llamada, la financiación de la inmigración ilegal.
Está rompiendo nuestro país y, por supuesto, ni que decir tiene que todo aquel, independientemente de que haya entrado de forma legal o ilegal en nuestro país y cometa un delito aquí, dentro de España, tiene que ser deportado.
Todo aquel que entra ilegalmente, inmediatamente, independientemente de su edad, tiene que ser repatriado a su país.
Y, por supuesto, aquel que venga no con la intención de colaborar, no con la intención de favorecer el crecimiento no solo personal, sino, digo también, el social de España; aquel que no quiera adaptarse a nuestra cultura y a nuestra forma de vida y que venga a imponer otras culturas, tiene que ser, desde luego, remigrado a su país de origen.
