El portavoz de VOX en Alcalá de Guadaíra, Pedro Navarro, ha abierto un nuevo frente con Andalucía Por Sí (AxSí) por la expansión de las plantas fotovoltaicas en el municipio y ha puesto el foco en la posición mantenida por Christopher Rivas durante el actual mandato.
Navarro recuerda que Rivas formaba parte del Gobierno municipal de coalición entre PSOE y AxSí cuando, el 26 de septiembre de 2023, la Junta de Gobierno Local anunció la concesión de licencias para siete nuevas plantas fotovoltaicas con una potencia conjunta de 350 megavatios. El acuerdo de Gobierno entre socialistas y andalucistas se había formalizado en junio de ese mismo año y Rivas asumió responsabilidades dentro del Ejecutivo local.
VOX contrapone ahora ese precedente con la posición adoptada por PSOE y AxSí ante su reciente moción para impedir nuevas plantas y ampliaciones. Según la formación, ambos grupos no respaldaron la iniciativa.
Siete plantas, 350 MW y 146 millones de inversión
La concesión de 2023 fue presentada entonces por el propio Ayuntamiento como una apuesta por la actividad económica y la producción renovable.
Las siete instalaciones proyectaban una inversión privada de 146 millones de euros, una aportación estimada de 5,8 millones a las arcas municipales mediante el impuesto de construcciones y obras y capacidad para suministrar electricidad equivalente al consumo de 280.000 hogares.
Las plantas estaban previstas en suelo rústico al este del término municipal, entre las carreteras de Morón y la A-92. El Ayuntamiento señaló entonces que había modificado previamente sus normas urbanísticas para regular este tipo de instalaciones y reducir su impacto territorial.
El plan climático municipal posterior recoge igualmente aquellas siete licencias y cifra actualmente la potencia fotovoltaica del municipio por encima de los 1.000 MW.
Navarro cuestiona la posición de Christopher Rivas
Pedro Navarro acusa ahora a Christopher Rivas de mantener una posición contradictoria sobre esta expansión.
“Rivas formaba parte del equipo de gobierno que autorizó estas plantas”, ha señalado el portavoz, que rechaza las acusaciones lanzadas desde AxSí contra VOX y reclama que el debate se centre en las decisiones municipales adoptadas durante los últimos años.
La pertenencia de Rivas al Gobierno de coalición está documentada por el propio Ayuntamiento. En 2023 asumió, entre otras responsabilidades, la portavocía adjunta y delegaciones como Cultura, Turismo y Memoria Democrática.
Esto acredita su participación en el Ejecutivo municipal, aunque las fuentes consultadas no permiten atribuirle individualmente el voto concreto con el que la Junta de Gobierno concedió las siete licencias.
VOX quiere prohibir nuevas plantas
La moción presentada por VOX plantea modificar las normas municipales necesarias para impedir nuevas instalaciones fotovoltaicas y prohibir la ampliación de las existentes en suelo rústico.
Navarro sostiene que la expansión solar está afectando a terrenos agrícolas, al paisaje y al futuro de determinadas actividades del campo alcalareño. Estas consecuencias constituyen la valoración defendida por VOX; el Ayuntamiento, por su parte, ha presentado históricamente estas instalaciones como inversiones vinculadas a empleo, ingresos fiscales y producción energética renovable.
“Igual que se modificó el PGOU para autorizarlas se puede modificar para desautorizarlas”, ha afirmado Navarro.
La formación quiere así situar el debate no en la existencia de energía solar en sí, sino en el límite territorial que debe imponerse a futuras instalaciones.
Choque por el modelo productivo de Alcalá
El conflicto enfrenta dos visiones sobre el uso del suelo.
El Gobierno municipal ha defendido las instalaciones fotovoltaicas por su capacidad para atraer inversión, generar ingresos municipales y producir energía renovable. En 2025, por ejemplo, concedió licencia a una planta de autoconsumo industrial de 3,5 MW vinculada a una inversión empresarial de 1,75 millones de euros.
VOX sostiene, en cambio, que el municipio ha alcanzado un nivel de implantación que amenaza la actividad agraria y reclama reservar el suelo rústico frente a nuevas instalaciones.
Pedro Navarro utiliza ahora las siete licencias de 2023 como argumento para exigir a AxSí que explique su posición y para defender un cambio de la normativa urbanística que cierre la puerta a nuevos proyectos fotovoltaicos.
