Pedro Sánchez ha decidido que la vivienda será su gran bandera para el 29-N. El problema es que llega tarde, y llega como presidente de un Gobierno que lleva ocho años acumulando anuncios sin haber resuelto una de las mayores angustias de jóvenes y familias. Ahora Moncloa quiere presentar el choque parlamentario de los últimos días como una batalla sencilla entre un Ejecutivo que propone soluciones y una oposición que las bloquea. Pero la realidad es bastante más incómoda: la crisis de vivienda no empezó con la caída de los últimos decretos y tampoco puede explicarse únicamente por quienes votaron en contra.
El caso de Maricarmen ha dado un rostro humano a un problema que durante demasiado tiempo se explicó con porcentajes, informes y promesas. Su muerte ha vuelto a colocar los desahucios, la vulnerabilidad residencial y la dificultad de acceder a una vivienda en el centro de la conversación pública. Sánchez intentará utilizar ese clima para reforzar su discurso social, pero también tendrá que responder a la pregunta que la campaña no le va a perdonar: si la vivienda era tan urgente, ¿por qué el Gobierno esperó hasta las puertas de unas elecciones para convertirla en prioridad absoluta?
La estrategia socialista es evidente. Sánchez quiere que el votante llegue al 29-N pensando en alquileres, ayudas, protección al inquilino y fondos de inversión. Feijóo y Abascal intentarán que llegue pensando en otra cosa: oferta insuficiente, falta de construcción, impuestos, seguridad jurídica y años de gestión sin resultados suficientes. Ahí estará uno de los grandes choques de la campaña. El PSOE necesita transformar una debilidad en bandera; la oposición necesita convertir esa misma bandera en balance.
El problema para Moncloa es que la vivienda admite poca propaganda cuando el ciudadano compara el discurso con su bolsillo. Quien paga un alquiler cada vez más alto o ve imposible comprar una casa no necesita que le expliquen que existe una crisis. La vive. Y cuanto más intente Sánchez presentarse como quien llega ahora a solucionarla, más fácil será para la oposición recordarle que gobernaba mientras el problema se agravaba.
A eso se suma otro frente incómodo: Puigdemont. Su posible regreso vuelve a recordar una legislatura marcada por la dependencia de Junts y por una amnistía que el PSOE negó antes de las anteriores elecciones y terminó aprobando después. Sánchez quiere llevar la campaña al terreno social; PP y Vox harán todo lo posible por devolverla a los pactos, la credibilidad y la gobernabilidad. El presidente podrá intentar cambiar de tema, pero no podrá borrar el recorrido de la legislatura.
Feijóo y Abascal, por su parte, tampoco tienen una campaña simple. Ambos necesitan sumar para abrir una alternativa a Sánchez, pero compiten por quién interpreta mejor el desgaste del Gobierno y por quién marca el rumbo del bloque de la derecha. El PP buscará vender gestión y estabilidad; Vox intentará demostrar que el cambio no puede limitarse a sustituir un presidente por otro, sino que debe afectar también a políticas de fondo.
La campaña, en definitiva, se está convirtiendo en una pelea por el marco. Sánchez quiere que el 29-N se vote sobre vivienda y protección social. Feijóo quiere que se vote sobre ocho años de Gobierno. Abascal quiere que se vote sobre el rumbo político del país. Y Puigdemont volverá a estar presente como recordatorio de hasta qué punto el Ejecutivo dependió de sus socios.
La vivienda puede ayudar a Sánchez a movilizar a una parte de la izquierda. Pero también puede convertirse en su principal contradicción electoral.
Porque una cosa es presentarse ahora como quien trae las soluciones.
Y otra muy distinta explicar por qué, después de ocho años en La Moncloa, el problema sigue ahí y pesa más que nunca.
