La diputada de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Sara A. Rouco, ha expresado su rechazo a la Ley de Infancia y Adolescencia impulsada por el Gobierno autonómico de Adrián Barbón, al considerar que puede ampliar la intervención administrativa en la vida familiar y reducir el margen de decisión de los padres.
Durante su intervención parlamentaria, Rouco ha ratificado la posición que su grupo defendió en mayo, cuando presentó una enmienda a la totalidad del proyecto.
La parlamentaria ha descrito la iniciativa como un «caballo de Troya» y ha acusado al Ejecutivo socialista de utilizar la protección de los menores para introducir criterios políticos e ideológicos en materias relacionadas con la educación y la crianza.
VOX mantiene su rechazo a la Ley de Infancia de Asturias
Sara A. Rouco ha recordado que su grupo ya manifestó su oposición al proyecto durante una fase anterior de su tramitación.
«Decíamos entonces que nos encontrábamos ante una ley socialista descaradamente intervencionista y sectaria que se armaba desde el adoctrinamiento y se alejaba del interés común. Y hoy lo mantenemos», ha afirmado.
La diputada considera que la norma concede a las instituciones un papel excesivo en cuestiones que, a su juicio, deben corresponder principalmente a las familias.
«Nos la presentan como garantista y, sin embargo, desde su entrada en vigor supondrá una vía libre para la intromisión institucional en el ámbito familiar», ha denunciado.
Rouco cuestiona el concepto de parentalidad positiva
Uno de los aspectos que más preocupa a la parlamentaria es el tratamiento de la denominada parentalidad positiva.
Rouco sostiene que determinados criterios utilizados para evaluar la crianza podrían no tener suficientemente en cuenta las circunstancias económicas, educativas y sociales de cada familia.
Según su planteamiento, existe el riesgo de que situaciones de vulnerabilidad sean interpretadas como deficiencias familiares en lugar de dar lugar a medidas de apoyo.
«Y ante una parentalidad positiva valorada como negativa desde las instituciones, automáticamente se pondría en cuestión la permanencia de los hijos o menores a cargo en el hogar familiar», ha advertido.
La diputada ha defendido que la respuesta ante las dificultades familiares debe centrarse prioritariamente en el acompañamiento y la asistencia.
Críticas al Observatorio de la Infancia y a los contenidos educativos
La representante de VOX también ha cuestionado el papel que la norma atribuye al Observatorio de la Infancia y a las mesas de trabajo previstas.
A su juicio, estos mecanismos pueden reforzar la capacidad de supervisión institucional sobre las familias.
Rouco ha extendido sus críticas a las referencias del proyecto relacionadas con la política lingüística, la perspectiva de género y la educación afectivo-sexual.
«Imponen para todos sus criterios en temas extremadamente sensibles, sean o no del interés de los afectados y sus familias», ha afirmado.
La diputada considera necesario preservar la participación de los padres en las decisiones educativas y evitar que la Administración imponga un enfoque único en cuestiones que afectan a sus hijos.
VOX pide reforzar la protección en los centros tutelados
Otro de los asuntos abordados durante la intervención ha sido la situación de los menores bajo tutela de la Administración asturiana.
Rouco ha mencionado problemas que, según sostiene, afectan a determinados centros de protección, entre ellos carencias materiales, fugas y deficiencias educativas.
También ha aludido a casos graves de explotación sexual relacionados con menores bajo tutela institucional.
La parlamentaria ha utilizado estas referencias para cuestionar que una ampliación de las competencias administrativas garantice, por sí misma, una mayor protección.
Las denuncias sobre delitos o deficiencias en centros concretos requieren documentación y comprobación individualizada; no permiten atribuir responsabilidades generales a todos los recursos de acogida.
VOX reclama que la protección de los menores incluya una supervisión efectiva de los centros, recursos suficientes y mecanismos de evaluación de la atención prestada.
Debate sobre los menores extranjeros no acompañados
La diputada también ha rechazado el enfoque del proyecto respecto a los menores extranjeros no acompañados.
Rouco considera que su incorporación a determinados programas institucionales puede aumentar el gasto público y ha advertido de un posible «efecto llamada».
Se trata de una valoración política sobre los efectos de las medidas de acogida. El comunicado no aporta datos que permitan establecer una relación causal entre los programas previstos en la ley y un aumento de llegadas.
La atención y protección de los menores extranjeros se encuentra sujeta a las garantías legales aplicables a la infancia, con independencia de su nacionalidad.
Rouco exige aclarar la financiación de la nueva ley
En la parte final de su intervención, la parlamentaria ha cuestionado la memoria económica del proyecto.
Según ha señalado, mientras los promotores de la norma sostienen que su aplicación no implicará un incremento del gasto, la Dirección General de Presupuestos habría advertido de mayores necesidades económicas sin ofrecer una cuantificación concreta.
Rouco considera que esta circunstancia genera dudas sobre la capacidad de aplicar las medidas previstas.
«Esta ley, que establece derechos, objetivos y actuaciones más que cuestionables, depende, finalmente, de su financiación, de la disponibilidad de profesionales, del acceso real a las ayudas y de la evaluación de los resultados», ha señalado.
La diputada ha reclamado que los compromisos legislativos vayan acompañados de recursos materiales, personal suficiente y mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento.
