Actualidad Política

2 de noviembre de 2026

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La diputada de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Sara A. Rouco, ha expresado su rechazo a la Ley de Infancia y Adolescencia impulsada por el Gobierno autonómico de Adrián Barbón, al considerar que puede ampliar la intervención administrativa en la vida familiar y reducir el margen de decisión de los padres.

Durante su intervención parlamentaria, Rouco ha ratificado la posición que su grupo defendió en mayo, cuando presentó una enmienda a la totalidad del proyecto.

La parlamentaria ha descrito la iniciativa como un «caballo de Troya» y ha acusado al Ejecutivo socialista de utilizar la protección de los menores para introducir criterios políticos e ideológicos en materias relacionadas con la educación y la crianza.

VOX mantiene su rechazo a la Ley de Infancia de Asturias

Sara A. Rouco ha recordado que su grupo ya manifestó su oposición al proyecto durante una fase anterior de su tramitación.

«Decíamos entonces que nos encontrábamos ante una ley socialista descaradamente intervencionista y sectaria que se armaba desde el adoctrinamiento y se alejaba del interés común. Y hoy lo mantenemos», ha afirmado.

La diputada considera que la norma concede a las instituciones un papel excesivo en cuestiones que, a su juicio, deben corresponder principalmente a las familias.

«Nos la presentan como garantista y, sin embargo, desde su entrada en vigor supondrá una vía libre para la intromisión institucional en el ámbito familiar», ha denunciado.

Rouco cuestiona el concepto de parentalidad positiva

Uno de los aspectos que más preocupa a la parlamentaria es el tratamiento de la denominada parentalidad positiva.

Rouco sostiene que determinados criterios utilizados para evaluar la crianza podrían no tener suficientemente en cuenta las circunstancias económicas, educativas y sociales de cada familia.

Según su planteamiento, existe el riesgo de que situaciones de vulnerabilidad sean interpretadas como deficiencias familiares en lugar de dar lugar a medidas de apoyo.

«Y ante una parentalidad positiva valorada como negativa desde las instituciones, automáticamente se pondría en cuestión la permanencia de los hijos o menores a cargo en el hogar familiar», ha advertido.

La diputada ha defendido que la respuesta ante las dificultades familiares debe centrarse prioritariamente en el acompañamiento y la asistencia.

Críticas al Observatorio de la Infancia y a los contenidos educativos

La representante de VOX también ha cuestionado el papel que la norma atribuye al Observatorio de la Infancia y a las mesas de trabajo previstas.

A su juicio, estos mecanismos pueden reforzar la capacidad de supervisión institucional sobre las familias.

Rouco ha extendido sus críticas a las referencias del proyecto relacionadas con la política lingüística, la perspectiva de género y la educación afectivo-sexual.

«Imponen para todos sus criterios en temas extremadamente sensibles, sean o no del interés de los afectados y sus familias», ha afirmado.

La diputada considera necesario preservar la participación de los padres en las decisiones educativas y evitar que la Administración imponga un enfoque único en cuestiones que afectan a sus hijos.

VOX pide reforzar la protección en los centros tutelados

Otro de los asuntos abordados durante la intervención ha sido la situación de los menores bajo tutela de la Administración asturiana.

Rouco ha mencionado problemas que, según sostiene, afectan a determinados centros de protección, entre ellos carencias materiales, fugas y deficiencias educativas.

También ha aludido a casos graves de explotación sexual relacionados con menores bajo tutela institucional.

La parlamentaria ha utilizado estas referencias para cuestionar que una ampliación de las competencias administrativas garantice, por sí misma, una mayor protección.

Las denuncias sobre delitos o deficiencias en centros concretos requieren documentación y comprobación individualizada; no permiten atribuir responsabilidades generales a todos los recursos de acogida.

VOX reclama que la protección de los menores incluya una supervisión efectiva de los centros, recursos suficientes y mecanismos de evaluación de la atención prestada.

Debate sobre los menores extranjeros no acompañados

La diputada también ha rechazado el enfoque del proyecto respecto a los menores extranjeros no acompañados.

Rouco considera que su incorporación a determinados programas institucionales puede aumentar el gasto público y ha advertido de un posible «efecto llamada».

Se trata de una valoración política sobre los efectos de las medidas de acogida. El comunicado no aporta datos que permitan establecer una relación causal entre los programas previstos en la ley y un aumento de llegadas.

La atención y protección de los menores extranjeros se encuentra sujeta a las garantías legales aplicables a la infancia, con independencia de su nacionalidad.

Rouco exige aclarar la financiación de la nueva ley

En la parte final de su intervención, la parlamentaria ha cuestionado la memoria económica del proyecto.

Según ha señalado, mientras los promotores de la norma sostienen que su aplicación no implicará un incremento del gasto, la Dirección General de Presupuestos habría advertido de mayores necesidades económicas sin ofrecer una cuantificación concreta.

Rouco considera que esta circunstancia genera dudas sobre la capacidad de aplicar las medidas previstas.

«Esta ley, que establece derechos, objetivos y actuaciones más que cuestionables, depende, finalmente, de su financiación, de la disponibilidad de profesionales, del acceso real a las ayudas y de la evaluación de los resultados», ha señalado.

La diputada ha reclamado que los compromisos legislativos vayan acompañados de recursos materiales, personal suficiente y mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita de los Reyes a Ceuta y ha reclamado explicaciones sobre la respuesta del Ejecutivo ante la presencia de buques marroquíes en aguas españolas.

García ha realizado estas declaraciones durante una reunión de la Junta Local del PP de Gijón, en la que ha intervenido junto al presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo.

«El valiente de Paiporta lo ha vuelto a hacer: esconderse cuando las cosas se ponen feas», ha afirmado la senadora, que ha cuestionado la gestión del Gobierno en materia de seguridad y soberanía territorial.

Alicia García reclama explicaciones sobre Ceuta

La portavoz popular ha acusado a Sánchez de no haber informado adecuadamente al Congreso sobre el incidente marítimo relacionado con Marruecos.

Según García, el presidente del Gobierno habría omitido información relevante sobre lo sucedido y debería aclarar tanto las circunstancias del episodio como las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

«¿Qué le debe Sánchez a Marruecos para no querer molestarle?», ha preguntado.

El comunicado del PP no incorpora los informes oficiales, las intervenciones parlamentarias completas ni la documentación necesaria para determinar si existió una ocultación deliberada de información. Las acusaciones se recogen, por tanto, como declaraciones políticas de García.

El PP reivindica su actividad en el Senado

La dirigente ha dedicado parte de su intervención a defender el trabajo parlamentario del Grupo Popular en la Cámara Alta.

García ha asegurado que el PP ha impulsado siete comisiones de investigación, ha acudido quince veces al Tribunal Constitucional, ha promovido diecisiete reprobaciones y ha conseguido aprobar 42 leyes que, según ha denunciado, permanecen pendientes de tramitación en el Congreso.

«¡No nos han silenciado!», ha proclamado.

La portavoz ha presentado estas cifras como balance de la actividad de su grupo, aunque el texto no incluye una relación de las iniciativas ni permite comprobar individualmente su situación parlamentaria.

También ha defendido las actuaciones del PP sobre los procedimientos de nacionalidad vinculados a la denominada ley de nietos, al considerar necesario preservar las garantías del censo electoral.

Denuncias sobre presuntas presiones judiciales

Durante su discurso, García ha formulado acusaciones sobre supuestas maniobras contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que participan en investigaciones relacionadas con personas del entorno del Gobierno.

La senadora ha utilizado expresiones de especial gravedad al referirse a presuntas intimidaciones contra miembros de la judicatura.

Estas acusaciones no pueden considerarse acreditadas a partir del comunicado. En particular, no se aporta documentación que demuestre que el Gobierno o el PSOE ordenaran actuaciones violentas contra jueces.

La portavoz ha defendido la independencia judicial y ha afirmado que las instituciones deben poder ejercer sus funciones sin interferencias.

Asturias: financiación autonómica, lobo y peaje del Huerna

En el ámbito territorial, Alicia García ha criticado el modelo de financiación autonómica que atribuye al Gobierno central y ha defendido que Asturias debe recibir un trato equitativo.

La portavoz ha recordado las posiciones mantenidas por el PP en el Senado sobre la protección del lobo, la ocupación ilegal de viviendas y el peaje del Huerna.

También se ha referido a una iniciativa votada en el Congreso para reclamar la incorporación de Asturias al ancho ferroviario europeo.

García ha cuestionado el sentido del voto de los parlamentarios socialistas asturianos en estas materias, al considerar que no han defendido suficientemente los intereses de la comunidad.

Infraestructuras ferroviarias pendientes

La dirigente popular ha afirmado que Asturias acumula 400 millones de euros en actuaciones ferroviarias pendientes, una cifra que ha utilizado para criticar la ejecución de las inversiones del Ministerio de Transportes.

El comunicado no especifica los proyectos incluidos en esa cantidad, su periodo de ejecución ni la fuente presupuestaria.

La portavoz ha reclamado que se aceleren las obras y se atiendan las necesidades de conectividad del Principado.

Propuestas del PP ante las elecciones

García ha concluido defendiendo las propuestas que atribuye al proyecto político de Alberto Núñez Feijóo, entre ellas una reducción de impuestos, la movilización de suelo para construir viviendas y medidas sobre ocupación ilegal.

La senadora ha presentado esas propuestas como compromisos para un eventual futuro Gobierno del PP y ha insistido en que las cuestiones de seguridad territorial y funcionamiento institucional deben ocupar un lugar prioritario en la agenda política.

La intervención en Gijón ha combinado críticas al Gobierno central, referencias a actuaciones parlamentarias del Senado y reivindicaciones relacionadas con Asturias.

El Grupo Municipal de VOX llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Gijón las dificultades que comerciantes y autónomos denuncian para realizar operaciones de carga y descarga en las calles peatonales y semipeatonales del centro.

La portavoz municipal, Sara A. Rouco, preguntará al Gobierno local si está dispuesto a revisar junto con los propios comerciantes los horarios, las zonas habilitadas y las condiciones establecidas para estas operaciones.

La iniciativa surge después de que profesionales de diferentes zonas de Gijón hayan trasladado a VOX los problemas que encuentran para recibir mercancías y desarrollar con normalidad determinadas tareas vinculadas a sus negocios.

Rouco reclama «condiciones razonables»

«Nos hablan de situaciones tan cotidianas como tener que parar uno o dos minutos para recibir un pedido y encontrarse con dificultades cada vez mayores», ha explicado Rouco.

La concejal sostiene que los comerciantes no pretenden eliminar las restricciones ni cuestionar las calles peatonales, sino disponer de unas reglas compatibles con su actividad.

«Los comerciantes conocen las normas y no están pidiendo barra libre ni acabar con las calles peatonales. Están pidiendo unas condiciones razonables para poder seguir trabajando», ha afirmado.

Los comerciantes trasladan problemas con los accesos

VOX señala que los afectados consideran que la aplicación de las normas se ha vuelto cada vez más rígida.

A ello añaden la instalación continuada de pivotes, que, según trasladan los propios comerciantes, está dificultando tanto el acceso de los proveedores como el de los clientes.

Rouco considera necesario abordar estas cuestiones ante la posibilidad de que el Ayuntamiento extienda el modelo de plataforma única a nuevas calles de Gijón, una posibilidad planteada recientemente por el área municipal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público.

«Si el Gobierno quiere seguir avanzando en este modelo, antes debería sentarse con quienes tienen que abrir cada mañana sus negocios y conocer las consecuencias prácticas de estas decisiones», ha señalado.

«Los comerciantes y los autónomos tienen que poder trabajar»

La portavoz de VOX plantea buscar un equilibrio entre la ordenación del espacio público y las necesidades cotidianas de la actividad comercial.

«Una cosa es ordenar el espacio público y otra convertir una operación básica para cualquier comercio en una carrera de obstáculos», ha advertido.

Rouco defiende que mantener la actividad del centro requiere facilitar el funcionamiento de los establecimientos y el trabajo de sus proveedores.

«Si queremos un centro vivo, necesitamos negocios abiertos, proveedores que puedan trabajar y unas normas compatibles con la actividad comercial», ha concluido.

. La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Gijón, Sara A. Rouco, ha criticado que la Semana Negra haya dejado de ser, a juicio de la formación, un encuentro literario y cultural para convertirse en un espacio de promoción ideológica vinculado a la defensa del régimen cubano.

Rouco ha lamentado que un evento cultural subvencionado con dinero público acoja actos de apoyo a la Cuba castrista, coincidiendo además con la celebración en Gijón del Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba.

“Con la Semana Negra y el Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, la promoción de la vergonzosa Cuba castrista está en máximos en nuestra ciudad. Resulta incomprensible que se siga blanqueando un régimen que mantiene al pueblo cubano sometido a la opresión y la pobreza”, ha señalado.

La portavoz municipal de VOX considera que la Semana Negra ha “desvirtuado” el espíritu con el que nació, pasando de ser un encuentro vinculado a la literatura y la novela negra a convertirse, según denuncia, en un escaparate político de apoyo a una dictadura comunista.

“Lo que comenzó siendo un encuentro de escritores de novela negra termina convertido en un escenario en defensa de una dictadura comunista que lleva castigando al pueblo cubano desde hace casi setenta años”, ha añadido Rouco.

Desde VOX Gijón critican también el respaldo institucional y económico que reciben este tipo de iniciativas, al considerar que las administraciones no deben utilizar el dinero público para promocionar causas ideológicas ni blanquear regímenes contrarios a la libertad.

“Hay que preguntarse quiénes se creen estos políticos para convertir el dinero de todos en un patrocinio ideológico”, ha denunciado la portavoz.

Rouco ha cargado contra quienes, según afirma, presumen de defender la democracia mientras respaldan con recursos públicos actos que sirven para promocionar al régimen cubano.

“El colmo es que quienes presumen de demócratas sigan aplaudiendo y pagando con el dinero de los asturianos la promoción del régimen dictatorial cubano”, ha lamentado.

VOX Gijón ha reiterado que seguirá fiscalizando el uso de fondos públicos en actividades municipales y exigirá que los eventos culturales financiados por las instituciones estén al servicio de los vecinos, la cultura y la libertad, y no de la propaganda política.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Gijón presentará en el próximo Pleno una proposición para realizar un estudio técnico, jurídico, organizativo y económico sobre la integración de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular en la estructura administrativa municipal.

La iniciativa busca analizar si el actual modelo de gestión cultural descentralizada sigue siendo el más adecuado desde el punto de vista de la eficiencia administrativa, la gestión de los recursos públicos y la mejora en la prestación de los servicios culturales.

La Fundación Municipal de Cultura fue creada en 1982 como organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, con personalidad jurídica propia, presupuesto diferenciado, órganos de gobierno propios y capacidad de gestión autónoma para desarrollar políticas culturales, educativas y de promoción del conocimiento en el municipio.

Desde VOX se considera que, transcurridas más de cuatro décadas desde su creación, resulta razonable evaluar si el mantenimiento de este modelo organizativo continúa plenamente justificado o si sería más eficiente integrar sus funciones dentro de la propia estructura municipal.

“Las políticas culturales municipales son importantes para la vida social y educativa de la ciudad, pero también es necesario garantizar que los recursos públicos se gestionan con la máxima eficiencia”, ha señalado la portavoz municipal de VOX, Sara A. Rouco.

Rouco ha recordado además que el volumen de recursos gestionados por la Fundación es significativo. El presupuesto de gastos previsto para 2026 asciende a 17,4 millones de euros, de los cuales más de 9,1 millones se destinan a gastos de personal, lo que representa aproximadamente el 52,5 % del presupuesto total del organismo.

Ante estos datos, VOX considera necesario realizar un análisis riguroso que permita valorar si la actual estructura organizativa es la más adecuada o si una integración en la administración municipal podría mejorar la coordinación, optimizar recursos y simplificar la gestión.

La proposición plantea un estudio completo sobre la viabilidad de esta integración, respetando en todo momento los procedimientos legales y reglamentarios que pudieran resultar necesarios.

Desde VOX Gijón subrayan que la iniciativa no pretende cuestionar la importancia de la actividad cultural en la ciudad, sino abrir un análisis técnico sobre la organización administrativa más eficiente para su gestión.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha expuesto en rueda de prensa la valoración de su grupo sobre las proposiciones que PSOE e IU llevarán al pleno. Según explicó, el debate llega marcado por “una colección de iniciativas mal planteadas, inconcretas y alejadas de las necesidades reales de los gijoneses”.

En primer lugar, Álvarez Rouco se refirió a la proposición del PSOE sobre programas de empleo, una iniciativa que considera llena de “sombras e indefinición”. Recordó que los mismos partidos que ahora presentan propuestas son quienes “han propiciado un mercado laboral que margina tanto a jóvenes como a mayores de 45 años”, en un contexto agravado por el envejecimiento de la población. Añadió que la línea de trabajo marcada por la Consejería de Ciencia y Empleo “se centra exclusivamente en la excelencia investigadora, mientras miles de personas siguen desatendidas”.

La portavoz analizó también la propuesta socialista para promover proyectos de vivienda colaborativa y la de IU sobre el impulso de políticas de vivienda. Ambas iniciativas, señaló, responden “a la ideología de la izquierda” y plantean modelos residenciales que VOX rechaza por considerarlos contrarios a la aspiración mayoritaria de independencia y calidad de vida. A su juicio, estos proyectos pretenden recrear “creaciones de comunidades abiertas” y modelos “propios de estados de necesidad extrema, donde distintas familias eran obligadas a compartir vivienda”. Subrayó que se trata de “sistemas fracasados, ajenos a nuestra sociedad”, y recalcó que quienes deseen vivir así pueden hacerlo libremente “sin que el resto de los ciudadanos quede condicionado por programas institucionales”.

Álvarez Rouco insistió en que estas propuestas, y otras similares, son “iniciativas marginales propias de regímenes que afortunadamente han quedado atrás”. Frente a ello, VOX reclamó que el Ayuntamiento y el Gobierno cumplan los compromisos adquiridos en materia de vivienda y se centren en lo verdaderamente urgente: “construir vivienda pública, dejar de intervenir el mercado del alquiler y revertir legislaciones dañinas para los propietarios, como la Ley de Vivienda y el real decreto que la desarrolla”. El grupo defiende además “reducción de impuestos y trabas administrativas, lucha contra la okupación ilegal, aumento de la oferta sin control de precios y defensa de la propiedad privada”. Recordó que “solo VOX tiene una propuesta clara para abordar el problema de la vivienda pública derogando la legislación vigente”.

La portavoz también abordó uno de los asuntos más graves que han marcado la actualidad gijonesa: el fallecimiento reciente de personas sin hogar. Explicó que VOX ha preguntado en varias ocasiones por esta cuestión a la concejalía correspondiente, “sin obtener respuesta pese a su relevancia”. Recordó que lo ocurrido confirma sus advertencias y exigió una actuación inmediata. “Hay que hacer todo lo necesario para erradicar el sinhogarismo”, afirmó, señalando que no basta con considerar la situación “conflictiva o difícil”. En su opinión, el Ayuntamiento no puede permitir que, en una ciudad que presume de solidaridad, el problema siga reproduciéndose. “No es una cuestión de falta de recursos, sino de intencionalidad. Lo ocurrido es inaceptable y debe resolverse sin dilación”, concluyó.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez, ha denunciado hoy en rueda de prensa que las ordenanzas fiscales municipales presentadas por el equipo de gobierno para 2026 “no suponen ningún alivio real para los gijoneses”, al tratarse —según sus palabras— de una “falsa congelación” de tasas y precios públicos.

“El concepto de congelar después de haber subido no solo es un pésimo consuelo para los ciudadanos, sino una trampa argumental, porque a fin de cuentas la carga, el incremento ya está hecho”, ha explicado Álvarez.

La portavoz de VOX ha recordado que el equipo de gobierno “incumple sus compromisos desde el momento que en ejercicios anteriores ya aplicaron subidas que todos pueden recordar, por mucho que ahora traten de pasarlas por alto”. “Por muchos parabienes y buena prensa que traten de aplicar, traicionan su promesa de no incrementar impuestos, tasas y precios públicos”, ha afirmado.

Álvarez advirtió que las subidas, aunque “mínimas y aparentemente asumibles”, no afectan a todos por igual. “Lo que a personas con una renta media les resulta asumible, a ciudadanos con rentas bajas, a familias numerosas o a personas mayores con pensiones muy ajustadas puede resultarles gravoso e inasumible”, señaló.

En ese sentido, VOX considera que la política fiscal municipal “no tiene en cuenta la realidad social de muchos gijoneses que están perdiendo poder adquisitivo año tras año”.

La portavoz definió las propuestas del gobierno local como “una congelación mínima que resulta ser más una medida estética que de auténtico alivio para la ciudadanía”.
Añadió que “no se facilita una información suficientemente clara ni transparente sobre la evolución de los precios que ahora dicen congelarse cuando en realidad no es así”.

Álvarez anunció que VOX propondrá que los precios públicos y tasas “se retrotraigan a los registrados en 2024, a los anteriores a la revisión que proponía las subidas para 2025”. “Esto sí que supondría una vuelta justificada y consecuente con la idea de mantener tasas y precios municipales en niveles asumibles”, aseguró.

Finalmente, lamentó que el gobierno local “pierde de nuevo la oportunidad de ser fiel a sus promesas iniciales y deja en evidencia su talante inconsecuente y carente de compromiso”.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Gijón presentará en el Pleno de mañana una iniciativa para crear una línea de ayudas destinada a la rehabilitación exterior de locales comerciales cerrados, con el fin de fomentar su reapertura y revitalizar el comercio de proximidad en los barrios de la ciudad.

La portavoz de VOX en esta localidad, Sara Álvarez Rouco, explicó que “en Gijón hay centenares de locales con las persianas bajadas desde hace años, escaparates vacíos y fachadas deterioradas que transmiten una sensación de abandono y perjudican a todo el entorno. No podemos permitir que el comercio local agonice mientras el Ayuntamiento mira para otro lado”.

Una medida para modernizar y embellecer las calles de Gijón

Álvarez Rouco recordó que, según el Plan Local de Orientación Comercial 2025-2028, la ciudad cuenta con unos 3.350 comercios activos, pero entre el 7% y el 8% podrían cerrar en los próximos tres años. “Recuperar estos locales vacíos no es solo una cuestión estética —añadió—, es una forma directa de generar empleo, actividad económica y vida en nuestros barrios”.

La propuesta de VOX incluye que el Ayuntamiento cree y dote presupuestariamente una línea de ayudas para actuaciones como la renovación de escaparates, fachadas, persianas, iluminación, rótulos o mejoras de accesibilidad, especialmente en los barrios con mayor número de cierres prolongados.

“Estas ayudas permitirían modernizar la imagen de la ciudad, facilitar el alquiler o la reapertura de locales, y apoyar a los pequeños emprendedores que aún creen en Gijón”, subrayó la portavoz.

Álvarez Rouco concluyó que “el comercio local es parte esencial de la identidad gijonesa” y que “desde VOX seguiremos defendiendo políticas reales, útiles y no ideológicas, que mejoren la vida de nuestros vecinos y devuelvan la vitalidad a nuestras calles”.

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