Carlos H. Quero, diputado de VOX, ha denunciado durante una comparecencia parlamentaria la asfixiante carga fiscal que impide a los jóvenes españoles acceder a su primera vivienda. Para ilustrarlo, Quero planteó el caso ficticio de Daniel y Gabriela, una pareja de jóvenes trabajadores que, pese a cumplir con todos los requisitos del modelo social —formarse, trabajar, ahorrar—, no pueden permitirse comprar su primer piso.
El diputado señaló que uno de los principales obstáculos es que «el Estado se lleva uno de cada tres euros del precio final de una vivienda», lo que equivale, por ejemplo, a 105.000 euros en impuestos sobre un inmueble de 350.000. Entre los tributos mencionados se incluyen licencias, impuestos municipales, autonómicos y otros conceptos que, a juicio de VOX, «inflan artificialmente el precio de la vivienda».
Quero aseguró que la situación de Daniel y Gabriela no es anecdótica, sino cada vez más habitual: «Una generación entera queda fuera del acceso a la propiedad y acaba empujada al mercado de alquiler, contribuyendo a su encarecimiento sin obtener estabilidad ni patrimonio». Además, advirtió que muchas de estas viviendas terminan en manos de fondos de inversión o compradores extranjeros, lo que agrava aún más la escasez de oferta accesible.
Durante su intervención, el diputado calificó a la administración pública como «el mayor buitre del mercado de la vivienda», al recaudar 52.000 millones de euros anuales en impuestos asociados al sector y dedicar solo 7.000 millones a políticas de acceso y vivienda pública. «Hay un agujero de 45.000 millones, y ni se bajan impuestos ni se impulsa la vivienda protegida», denunció.
VOX propone como solución inmediata la eliminación total de impuestos para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes españoles. De forma alternativa, sugiere el pago diferido de impuestos en un plazo de 10 a 15 años, así como reinvertir la recaudación en vivienda pública, rehabilitación y deducciones fiscales.
«No es legítimo hacer negocio con la necesidad más básica de una generación entera. Estamos hablando de hogares, no de activos financieros. El Estado debe elegir entre seguir siendo parte del problema o empezar a ser parte de la solución», concluyó Carlos H. Quero.
