La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha reclamado al Gobierno que no vuelva a intentar bloquear las medidas impulsadas por el PP para ampliar la protección de las familias beneficiarias de la prestación CUME.
Fúnez ha explicado que el propio Ejecutivo estima en 2,36 millones de euros para 2027 el coste de las enmiendas registradas por el PP en el Senado a la Ley de Discapacidad y Dependencia, que llegan esta semana al Congreso de los Diputados.
“El Gobierno lo vetó, pero la mayoría del PP en el Senado pudo levantar este veto”, ha recordado Fúnez, que ha advertido: “Esperamos que no se atrevan a paralizar un avance esencial para las familias que lo están pasando mal”.
La dirigente popular considera que estas medidas representan un “avance social fundamental” y ha cuestionado que el PSOE pueda rechazar una ampliación de derechos cuyo coste, según los cálculos trasladados por el Gobierno, asciende a 2,36 millones de euros.
Más protección para las familias CUME
Entre las medidas planteadas por el Partido Popular figura la prolongación de las ayudas más allá de los 26 años cuando el hijo padezca cáncer u otra enfermedad grave.
Las enmiendas también incluyen una protección específica para los trabajadores autónomos y nuevas medidas destinadas a facilitar la conciliación de las familias afectadas.
Fúnez ha acusado al Gobierno de entender la política social “como un anuncio o como propaganda” y ha señalado como ejemplo la aplicación de la Ley ELA, que, según ha denunciado, no contó con recursos suficientes hasta más de un año después.
IVA reducido para adaptar viviendas y vehículos
El Partido Popular también propone reducir al 4% el IVA para la adaptación de viviendas y vehículos de personas en situación de dependencia o con discapacidad.
A ello se suma la reclamación de que el Gobierno central financie el 50% del coste de la ley.
Fúnez ha contrapuesto el coste de estas medidas con otras partidas del Ejecutivo y ha citado los 271 millones destinados a publicidad institucional, 80 millones a asesores y 17 millones al CIS.
La vicesecretaria ha acusado por ello a Pedro Sánchez de “hipocresía social” y de intentar frenar, a juicio del PP, avances destinados a las personas que necesitan una mayor protección.
Libertad de elección y agenda social
Fúnez también ha defendido la libertad de los padres de personas con discapacidad para elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos, una medida incorporada por el PP a la Ley de Discapacidad y Dependencia.
La dirigente popular ha situado estas propuestas dentro de la “agenda social” del proyecto de Alberto Núñez Feijóo, cuyo objetivo, ha señalado, es ofrecer más oportunidades a quienes afrontan mayores dificultades y generar segundas oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión.
