VOX ha denunciado la situación de saturación que atraviesa actualmente el Servicio Público de Justicia debido, según la formación, a la falta de personal y de medios materiales adecuados para afrontar el incremento de carga de trabajo en los juzgados.
El portavoz adjunto de VOX, David Muñoz, ha criticado la nueva reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia al considerar que no incorpora la dotación presupuestaria necesaria para reforzar el sistema judicial.
“Fundamentalmente el problema que entendemos nosotros que hay es la saturación”, ha afirmado Muñoz antes de la comisión de Justicia.
El dirigente de VOX ha señalado que la reforma impulsada por el Estado “no conlleva aparejada la dotación presupuestaria necesaria para poder reforzar con más personal y materiales un sistema de Justicia que está actualmente desbordado”.
A pesar de esta situación, Muñoz ha querido reconocer públicamente la labor de los funcionarios de Justicia y su capacidad profesional para sacar adelante procedimientos cada vez más complejos.
“Los funcionarios de Justicia están demostrando cada día, a pesar de esta situación, su gran profesionalidad y buen trabajo”, ha destacado.
En este sentido, VOX ha defendido que los trabajadores de la administración judicial “pueden llevar a cabo cualquier tramitación de procedimiento por mucha complejidad que tenga”.
“No tenemos ninguna sombra de sospecha sobre los que están trabajando día a día para que nuestra Justicia dicte las resoluciones adecuadas”, ha añadido el portavoz adjunto.
Preguntado además por la situación del Juzgado de Catarroja y las informaciones relativas a posibles recortes de personal, David Muñoz ha señalado que, según explicó la consellera de Justicia, Nuria Martínez, el personal actual se mantendrá.
“Entendemos que el personal se va a mantener. Por tanto, si van a haber los mismos que hasta ahora, en VOX consideramos que no se ha producido ningún tipo de recorte”, ha afirmado.
No obstante, Muñoz ha insistido en que el verdadero problema sigue siendo la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales del sistema judicial para evitar el colapso y agilizar la tramitación de procedimientos.
