La Asamblea de Madrid ha aprobado la nueva Ley de Defensa del Contribuyente de la Comunidad de Madrid, una normativa del Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso que establece nuevas obligaciones para la Administración tributaria regional y regula los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con Hacienda.
Entre las principales medidas figura la obligación de responder a las peticiones de los contribuyentes en un plazo máximo de tres meses, la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente y la implantación de mecanismos de atención presencial y digital.
La ley incorpora el principio de buena fe en la relación entre la Administración y los ciudadanos y regula procedimientos destinados a facilitar las gestiones tributarias.
Hacienda de Madrid tendrá un máximo de tres meses para responder
La nueva normativa establece que la Administración tributaria autonómica deberá contestar las peticiones de los ciudadanos en un plazo máximo de tres meses.
Su ámbito de aplicación comprende los tributos cedidos a la Comunidad de Madrid, entre ellos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.
La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La Oficina de Defensa del Contribuyente sustituirá al actual Defensor
La ley crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente.
El nuevo organismo dispondrá de medios técnicos y plazos de respuesta regulados para tramitar las quejas relacionadas con la actuación de la Hacienda autonómica.
Entre las incidencias que podrá gestionar figuran los retrasos indebidos, los problemas con los servicios electrónicos y las reclamaciones por trato inadecuado.
Cuando se presente una queja, el órgano administrativo afectado tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder.
La Administración deberá pedir disculpas cuando una sentencia firme declare vulnerados los derechos del contribuyente
La normativa incorpora obligaciones de cortesía institucional en determinados procedimientos tributarios.
La Administración deberá pedir disculpas cuando una sentencia firme declare que se ha vulnerado un derecho del contribuyente.
También tendrá que agradecer la colaboración del ciudadano cuando una inspección tributaria finalice sin regularización y sin sanción.
Estas disposiciones forman parte de la regulación del principio de buena administración que recoge la nueva ley.
Consultas tributarias por escrito y respuestas vinculantes
La Ley de Defensa del Contribuyente establece que la Administración deberá contestar por escrito y con carácter vinculante las consultas formuladas por los ciudadanos.
Además, contempla la realización gratuita de las autoliquidaciones para quienes soliciten este servicio.
La Hacienda autonómica también deberá acompañar a los contribuyentes durante la presentación de las declaraciones y el pago de los tributos correspondientes.
Estas medidas se incorporan al sistema de asistencia tributaria de la Comunidad de Madrid.
Los madrileños podrán consultar sus expedientes sin cita previa
La normativa regula nuevas herramientas digitales para consultar el estado de los procedimientos tributarios.
Los contribuyentes podrán acceder a sus expedientes sin necesidad de solicitar cita previa mediante la Oficina Virtual Tributaria.
También dispondrán de una carpeta tributaria individualizada para consultar en tiempo real la situación de sus gestiones.
El sistema permitirá acceder a la información de los expedientes y realizar un seguimiento de los procedimientos abiertos ante la Hacienda regional.
Atención presencial gratuita para mayores y personas con discapacidad
La ley establece que las comunicaciones tributarias deberán utilizar un lenguaje claro y comprensible.
Asimismo, obliga a revisar periódicamente los formularios administrativos para facilitar su interpretación por parte de los ciudadanos.
La normativa garantiza una atención presencial y gratuita, con especial referencia a las personas mayores, las personas con discapacidad y los ciudadanos en riesgo de exclusión.
También incorpora criterios de confidencialidad y atención personalizada para adaptar la asistencia tributaria a las necesidades de cada usuario.
Con la aprobación de esta ley, la Asamblea de Madrid regula los plazos de respuesta, la tramitación de quejas y los servicios de información y asistencia de la Administración tributaria autonómica.
