España ya está en campaña. La publicación este martes en el BOE de la convocatoria de elecciones generales pone oficialmente en marcha la maquinaria para votar el próximo 29 de noviembre, después de que Pedro Sánchez decidiera cerrar anticipadamente una legislatura que había terminado dependiendo de acuerdos cada vez más difíciles de reconstruir. El detonante inmediato fue la caída de los dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts, pero la decisión va bastante más allá: Sánchez ha optado por dejar de negociar voto a voto y trasladar directamente a los ciudadanos la decisión sobre qué mayoría debe gobernar España.
La vivienda será, al menos en el arranque, el gran campo de batalla. El PSOE quiere transformar su derrota parlamentaria en argumento electoral y presentar el 29-N como una elección entre una mayoría progresista capaz de aprobar medidas sociales y un bloque que impidió sacar adelante sus decretos. PP y Vox responderán que el Gobierno tuvo años para solucionar el problema y que la intervención no ha conseguido aumentar una oferta insuficiente. Incluso existe ahora una posibilidad políticamente llamativa: con las Cortes disueltas, la Diputación Permanente podría volver a abordar parte de la regulación de vivienda antes de las elecciones, permitiendo al Ejecutivo mantener vivo el conflicto durante la campaña.
La derecha llega con expectativas elevadas, aunque nadie quiere repetir el exceso de confianza de 2023. Feijóo presenta las elecciones como la oportunidad de cerrar definitivamente la etapa de Sánchez, mientras Abascal ha pedido prudencia y advierte de que los comicios no están ganados de antemano. Vox llega además mucho más fuerte que al comienzo de la legislatura, lo que convierte la competición dentro del propio bloque de derecha en otra de las claves del 29-N: PP y Vox necesitan sumar, pero también competirán durante las próximas semanas por decidir quién fija el rumbo político de ese espacio.
En la izquierda, el desafío es diferente. Sánchez necesita convertir la vivienda en movilización electoral, recuperar abstencionistas y concentrar voto progresista, mientras el espacio situado a su izquierda tiene que ordenar en muy poco tiempo candidatura, alianzas y mensaje. El presidente ha pedido explícitamente una “mayoría progresista mucho más amplia”, señal inequívoca de cuál será una de las tesis centrales del PSOE: la legislatura terminó porque la mayoría parlamentaria que permitió su investidura dejó de servir para aprobar políticas relevantes.
Y hay un actor que vuelve a aparecer justo cuando empieza la campaña: Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional afronta hoy el debate sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación del procés y se espera una doctrina que puede obligar al Supremo a revisar su posición, acercando el regreso del líder de Junts. La coincidencia política es enorme: Junts fue imprescindible para que Sánchez empezara esta legislatura, sus votos ayudaron a precipitar su final y Puigdemont puede acercarse a España precisamente cuando comienza la campaña que decidirá quién gobierna después del 29-N.
Por eso esta elección no empieza únicamente como una competición entre Sánchez y Feijóo. Empieza como un examen sobre vivienda, gobernabilidad, pactos y bloques. Sánchez necesita demostrar que todavía puede reconstruir una mayoría progresista; Feijóo debe transformar la ventaja de la derecha en una mayoría suficiente; Abascal quiere convertir el crecimiento de Vox en poder real; y los partidos territoriales tendrán que demostrar si continúan siendo decisivos cuando se vuelvan a repartir todas las cartas.
El 29 de noviembre España elegirá mucho más que un nuevo Congreso. Elegirá si prolonga el ciclo político abierto por Sánchez o si abre uno diferente. Y desde hoy la llave ya no está en Junts, en una negociación parlamentaria ni en siete diputados.
Está en la urna.
