El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado la solicitud de un informe jurídico para analizar si la denominada «Ley de Nietos» afecta a competencias autonómicas y estudiar las posibles acciones legales.
Esta denominación se utiliza habitualmente para referirse a la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permitió optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.
Fernández Calle realizó el anuncio durante una visita al Centro de Acogida de Menores Isabel de Moctezuma, en Caminomorisco.
Críticas al reparto de menores extranjeros
El vicepresidente también reclamó al Gobierno de España un cambio en la gestión de los menores extranjeros no acompañados y denunció que Extremadura está siendo utilizada como destino de un sistema que VOX considera fracasado.
Según los datos expuestos por Fernández Calle, la red extremeña atiende actualmente a 101 menores extranjeros no acompañados y dispone de una capacidad limitada para asumir nuevas derivaciones.
El responsable autonómico aseguró que algunos expedientes reflejan la existencia de familiares en otras comunidades y señaló que tres menores se habrían fugado recientemente para intentar reunirse con familiares en Tarragona, Algeciras y Barcelona.
Fernández Calle ha defendido revisar individualmente los expedientes, comprobar la existencia de vínculos familiares y realizar las pruebas legalmente previstas cuando existan dudas fundadas sobre la edad.
La normativa estatal establece actualmente un sistema para determinar la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y regular el traslado de menores extranjeros no acompañados desde territorios sometidos a una contingencia migratoria extraordinaria.
Más coordinación y planificación
El vicepresidente también se refirió al altercado registrado el 8 de julio en el Centro Isabel de Moctezuma, que requirió la intervención del personal de seguridad y de la Guardia Civil.
Fernández Calle ha reclamado al Ejecutivo central una mayor coordinación con las comunidades autónomas y una planificación que permita garantizar la protección de los menores sin comprometer la sostenibilidad del sistema extremeño.
