El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad jurídica del sistema de acogida de menores en la región y combatir posibles situaciones de fraude relacionadas con la determinación de edad de menores extranjeros no acompañados.
Fernández Calle ha explicado que la Junta ha dado instrucciones para solicitar a la Fiscalía de Menores la realización de pruebas de determinación de edad en todos aquellos casos en los que no exista una acreditación documental fehaciente o existan dudas razonables sobre la veracidad de la edad declarada.
“Queremos saber realmente quién de los menores que están en nuestro sistema de acogida es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos”, ha señalado.
El vicepresidente extremeño ha defendido que esta medida responde a criterios de sentido común y busca garantizar que los recursos públicos destinados a la protección de menores lleguen a quienes realmente tienen derecho a ellos.
Asimismo, Fernández Calle ha anunciado que la Junta de Extremadura agotará todas las vías legales disponibles para recurrir las decisiones que impliquen el traslado de menores extranjeros desde otras comunidades autónomas, incluyendo la vía judicial.
“Defendemos así los intereses de los extremeños también en los tribunales”, ha afirmado.
El consejero de Servicios Sociales ha advertido además de la situación de presión que soporta actualmente el sistema de acogida extremeño, que cuenta con más de un centenar de menores tutelados, y ha vinculado esta situación a las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno central.
Fernández Calle ha insistido en que todas las actuaciones se desarrollarán dentro del marco legal y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo regional de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de protección de menores.
Finalmente, ha reafirmado la voluntad del Gobierno extremeño de defender los intereses de la comunidad autónoma, asegurar el cumplimiento de la ley y velar por una gestión eficiente de los recursos públicos destinados a la atención social.
