El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Francisco Galeote, ha defendido la creación de una comisión de estudio para investigar el impacto de la denominada Ley de Nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que ha salido adelante en el Pleno de la Cámara autonómica.
«Se ha revelado un fraude y los madrileños tienen derecho a saber qué está pasando», ha afirmado Galeote durante su intervención, en la que ha cuestionado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y sus consecuencias sobre el número de ciudadanos inscritos en el censo electoral.
Francisco Galeote cuestiona la ampliación de las nacionalizaciones mediante una instrucción
La comisión analizará la incidencia de las adquisiciones de nacionalidad española realizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como los posibles efectos de la regularización de inmigrantes sobre el censo madrileño.
Galeote ha recordado que la normativa contempla la adquisición de la nacionalidad española de origen para descendientes de personas exiliadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Sin embargo, ha cuestionado la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, al considerar que amplió la posibilidad de acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles sin necesidad de acreditar el exilio de sus ascendientes.
El diputado popular ha defendido el propósito reparador de la ley, pero ha rechazado lo que considera una modificación de sus requisitos mediante una instrucción administrativa.
«Estamos a favor de los efectos reparadores que buscaba la ley que permitía recuperar la nacionalidad a quienes habían sufrido exilio político», ha señalado.
«El problema es que la Dirección General de Sofía Puente ha intentado colarnos un censo electoral inflado incluyendo a quienes no han sufrido exilio alguno. Y eso es un fraude», ha denunciado.
El PP denuncia que se modificaron los requisitos aprobados por el Congreso
Francisco Galeote ha insistido en que la instrucción administrativa alteró, a su juicio, las condiciones establecidas en la legislación aprobada por las Cortes Generales.
«La Ley exigía acreditar el exilio y aquella Instrucción suprimió ese requisito cuatro días después en contra de lo que expresamente había votado el Congreso», ha afirmado.
El parlamentario madrileño ha añadido que, mediante esta decisión, «lo que no se consiguió en sede parlamentaria lo consiguió una firma en un despacho del Ministerio de Justicia».
El voto exterior de Madrid registra 132.771 nuevas altas
Durante su intervención, Galeote ha señalado que la Comunidad de Madrid concentra el mayor incremento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Según los datos expuestos por el diputado popular, casi un tercio de las nuevas inscripciones registradas desde octubre de 2022 corresponde a Madrid, con 132.771 altas, lo que supone un incremento cercano al 40 % del voto exterior de la región.
Galeote ha advertido de la importancia de comprobar la legalidad de las inscripciones y su posible repercusión sobre la representación parlamentaria.
«Si consentimos que acaben en él miles de votos emitidos sin amparo legal, queda alterada la representación de esta Cámara y la del Congreso de los Diputados», ha manifestado.
La comisión analizará las nacionalizaciones y los procedimientos del censo electoral
La comisión aprobada por la Asamblea de Madrid estudiará el número de nacionalizaciones efectuadas mediante la Ley de Nietos, su posible incidencia en el censo electoral madrileño y la evolución del CERA desde la entrada en vigor de la normativa.
También examinará la distribución de las inscripciones electorales por países de residencia y el impacto habitual del voto exterior en los distintos procesos electorales.
Los trabajos incluirán el análisis de la coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes.
Asimismo, se revisarán los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.
Para desarrollar estas actuaciones, el Grupo Parlamentario Popular propone contar con especialistas en Derecho de Nacionalidad y Derecho Electoral, representantes de las administraciones públicas, expertos en Demografía y Estadística Electoral y otros profesionales relacionados con el objeto de estudio.
