El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado la proposición presentada por el Grupo Municipal VOX para implantar el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, las prestaciones públicas y la vivienda protegida de la ciudad.
La iniciativa defendida por la formación buscaba reformar los criterios de acceso a determinados recursos municipales con el objetivo de priorizar a los trabajadores, familias y vecinos que contribuyen al sostenimiento del sistema, frente a las consecuencias que, según VOX, está provocando la inmigración masiva y el efecto llamada en los servicios públicos de la capital catalana.
El presidente del Grupo Municipal VOX, Gonzalo de Oro, ha lamentado que el pleno haya rechazado una propuesta que considera “de estricta justicia social” y ha acusado a los partidos de izquierda y al resto de formaciones de ignorar las necesidades reales de los barceloneses.
“La izquierda nos ha acostumbrado a vivir en un mundo que funciona al revés. Un mundo donde incumplir la ley tiene recompensa y donde quienes trabajan, pagan impuestos y sostienen el sistema son los grandes perjudicados”, ha afirmado durante su intervención.
De Oro ha defendido que la prioridad nacional no busca excluir a nadie, sino establecer un criterio que garantice la sostenibilidad del Estado del bienestar y proteja a quienes han contribuido durante años al mantenimiento de los servicios públicos.
“La prioridad nacional no es excluir. Es simplemente cambiar el orden: primero quienes sostienen el sistema y después el resto”, ha señalado.
La propuesta presentada por VOX se articulaba en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, planteaba vincular las ayudas sociales estructurales a la trayectoria de cotización y contribución, excluyendo de estas prestaciones a las personas en situación irregular, salvo en casos de atención médica urgente.
En segundo lugar, proponía reformar los baremos de acceso a la vivienda pública para priorizar a jóvenes, familias numerosas y hogares con personas dependientes, incorporando además la exclusión de quienes hubieran participado en ocupaciones ilegales de inmuebles.
Finalmente, la iniciativa instaba al Gobierno de España a modificar el marco legal para permitir a los ayuntamientos aplicar criterios de prioridad nacional con plena seguridad jurídica.
Durante el debate, Gonzalo de Oro denunció además la presión que soportan los servicios públicos de Barcelona, el aumento de los costes de acceso a la vivienda y la creciente saturación de los sistemas asistenciales.
“Los listados de ayudas sociales y de vivienda pública reflejan una realidad que muchos intentan ocultar. Los barceloneses son cada vez más los grandes perjudicados de un sistema que no prioriza a quienes han sostenido económicamente esta ciudad durante años”, afirmó.
VOX ha asegurado que continuará defendiendo medidas destinadas a reforzar la protección de las familias, los trabajadores y los vecinos de Barcelona, así como reformas que garanticen la sostenibilidad de los recursos públicos municipales.
