VOX ha exigido al Ayuntamiento de Barcelona que ponga fin de inmediato a la persecución ideológica y lingüística contra el español y contra los trabajadores municipales, tras la sentencia nº 301/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declara improcedente el despido de un empleado municipal por no haber superado una prueba de catalán.
La sentencia, celebrada públicamente por Convivencia Cívica Catalana (CCC), deja claro que no aprobar un examen de catalán no autoriza a la Administración a despedir a un trabajador público, y que los procesos de estabilización no pueden utilizarse como mecanismos automáticos de expulsión laboral.
El caso afecta a un cocinero del Ayuntamiento de Barcelona, con más de quince años de antigüedad, que fue cesado tras suspender la prueba lingüística exigida en el proceso de estabilización, pese a que la plaza no fue ocupada por ningún otro aspirante ni amortizada conforme a la ley hasta un año después. El TSJC concluye que el cese carece de cobertura legal y constituye un despido improcedente.
La resolución obliga al Ayuntamiento a optar, en un plazo improrrogable de cinco días, entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir, o el pago de una indemnización cercana a los 59.000 euros.
Desde VOX, el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha cargado duramente contra el alcalde Jaume Collboni:
“Esta sentencia confirma lo que llevamos denunciando desde hace años: el Ayuntamiento de Collboni utiliza el catalán como arma ideológica para purgar a trabajadores, incluso en puestos sin atención al público. Han despedido a un cocinero por no aprobar un examen de lengua, y ahora la Justicia les da un golpe en toda la cara”.
De Oro ha añadido que “la política lingüística del Ayuntamiento no tiene nada que ver con la convivencia y sí con la imposición y la exclusión”, y ha exigido que se depuren responsabilidades políticas por un despido que califica de “injusto, sectario y profundamente discriminatorio”.
VOX reclama al Ayuntamiento de Barcelona que acate la sentencia, readmita al trabajador y abandone de una vez las políticas de persecución contra los hispanohablantes y contra quienes no se someten al nacionalismo lingüístico.
